A siete meses del atentado al local de La Cámpora ubicado en Donado y Beruti el Gobierno nacional ofreció un recompensa de un millón de pesos a quienes brinden información que permita esclarecer lo sucedido.
Según la Resolución 596/2021, la Fiscalía Federal N° 2 de Bahía Blanca -a cargo de Santiago Ulpiano Martinez– que lleva adelante la investigación de la causa, solicitó al Ministerio de Seguridad que el monto se destinara a «aquellas personas que sin haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que permitan determinar los autores responsables y/o esclarecer los hechos acaecidos el 25 de mayo de 2021». 
A su vez se indica que, para colaborar con información, las personas deberán comunicarse con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada, a través del número telefónico de acceso rápido 134.
La explosión del Ateneo Néstor Kirchner ocurrió durante la madrugada del 25 de mayo de este año, los daños fueron únicamente materiales porque, afortunadamente, no había personas dentro del local. En el lugar también se encontraron panfletos con consignas de odio y amenazas.
Los hechos generaron el repudio de todo el arco político local, movimientos sociales, organizaciones y entidades de todo tipo. Sin embargo, a siete meses de su ocurrencia, la justicia no puede determinar quiénes son los responsables.
El fiscal Ulpiano Martínez había adelantado el pedido de gestión de recompensa al Ministerio de Seguridad y también una colaboración al FBI que todavía no se concretó: «Concretamente hemos pedido por vía diplomática colaboración al FBI, esto es un trámite que tiende a obtener una imagen o a tratar de perfeccionar las imágenes con tecnología que nosotros no tenemos para poder establecer la identidad de los autores. Nosotros apuntamos a que hay gente que haya visto a estos sospechosos y pueda aportar algún dato. No tenemos identificados a los autores, tenemos todavía algunas puntas para trabajar, pero no hemos podido identificar a los autores», explicó hace semanas.
Este atentado es parte de una serie de hechos violentos que ocurrieron en la ciudad a lo largo de este año y durante el 2020 y se caracterizaron por la búsqueda intencional de imponer el miedo y la violencia como formas de diferenciación política.
El 29 de agosto de 2020 la unidad Básica del Frente de Todos ubicada en Lavalle al 300, amaneció con pintadas ofensivas.
El 17 de mayo de este año la Asociación Israelita de Bahía Blanca, ubicada en la primera cuadra de Lavalle (a 300 mts de la básica del FdT) también amaneció con pintadas antisemitas.
Una semana después de las pintadas antisemitas, la madrugada del 25 de mayo de este año, explotó la bomba en el local de La Cámpora, en Beruti al 100.
Seis meses después y sin que se hayan determinado alguno de los responsables de este atentado, el 15 de noviembre detonó una bomba molotov en el frente de la vivienda de la dirigente mapuche Olga Curipan y, 10 días después, se arrojaron folletos el centro cultural Ruka Kimun con amenazas de muerte a Olga.
El 30 de noviembre, nuevamente, la unidad básica del FdT en Lavalle amaneció con un artefacto que simulaba ser un explosivo y folletos con discursos de odio.
Todos estos hechos tienen por lo menos dos cosas en común: en principio, ninguno está resuelto por la justicia, si bien los daños que generaron fueron simbólicos y materiales, todavía no sabemos quiénes son los responsables de estás prácticas. Y en segundo lugar, algo que hay que reconocer, es el repudio generalizado de parte de organizaciones y de todo el arco político que ha generado cada uno de estos hechos.
Si bien existe repudio, la dificultad para reconocer a estos hechos violentos como parte de un entramado social está directamente relacionada con nuestra realidad que es demasiado permeable a estos discursos.
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