El hábitat en la Bahía Blanca invisible

Acceso al hábitat como derecho humano
En la Argentina, tanto la Constitución Nacional como diversos tratados internacionales consagran al acceso al hábitat como un derecho humano, y a la vez otorgan al Estado la tarea de garantizarlo.
Lo primero que resulta necesario es determinar de qué hablamos cuando mencionamos al hábitat. ¿Es lo mismo hábitat que vivienda digna? No, la ONU explica que lo primero “no significa solamente que la estructura de la casa deba ser adecuada. Implica también un acceso sostenible y no discriminatorio a los servicios fundamentales en materia de salud, seguridad, comodidad y alimentación. Por ejemplo, debe existir el acceso al agua potable, a la energía para la cocción, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de lavado, a los medios para almacenar alimentos y de eliminar desechos, al desagüe de los terrenos y a los servicios de emergencia”.
Como todo derecho humano básico, serán los distintos estamentos del Estado quienes deban conjugar distintas políticas públicas para permitir su cumplimiento. Esto no solo es abordado por los organismos internacionales, sino que la Constitución Nacional, a través del artículo 14 bis, plantea que “el Estado otorgará los beneficios de la seguridad que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá la protección integral de la familia y el acceso a una vivienda digna”.
A su vez, las leyes nacionales resaltan la necesidad de involucrar a las personas damnificadas en la producción de políticas públicas destinadas a la creación de hábitat. Sobre esto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU marca que “es poco probable que sea eficaz una política o un programa que se formule sin la participación activa de los afectados o sin su conocimiento de causa. Para esto se debe reflejar una consulta extensa con todas las personas afectadas y su participación, incluidos quienes no tienen hogar y quienes están alojados inadecuadamente”.

¿Está garantizado el acceso al hábitat en Bahía Blanca?
La respuesta concreta es NO: la ciudad se encuentra muy atrasada en términos de acceso equitativo a un hábitat digno. Según el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), luego de un revelamiento realizado en 2018 por distintas organizaciones sociales, entre los 200 barrios bahienses existen 32 villas y asentamientos.
Facundo Damiani- perteneciente al Movimiento Evita-, explicó a RADIO URBANA, que existe una gran cantidad de “gente que vive sin conexión a los servicios básicos. El 91% de las familias que viven en un barrio popular no tienen acceso a cloacas, el 84% no tiene acceso a la red de gas y el 54% al agua”.
A su vez, Natalia Mancini, integrante de Caritas, mencionó que “cada vez es más difícil para una familia poder acceder a un terreno de manera formal y poder construir. Y teniendo en cuenta que el hábitat incluye mucho más que una vivienda, gran cantidad de la población no tiene acceso a este derecho. Muchas personas deben vivir en lugares inundables, cerca de basurales o focos de contaminación, sin los servicios esenciales, con calles en muy mal estado, entre otros aspectos”.

¿Qué políticas se están tomando?
En este contexto de evidente vulneración de derechos, el Estado debe responder con políticas públicas destinadas a esas personas más vulneradas. Sobre esto, Rubén Pascolini, subsecretario provincial de hábitat de la comunidad, explicó en el programa AHI VAMOS que “la Provincia está abocada a mejorar la gestión, hacer una inversión importante de 109 mil millones de pesos en estos 3 años y utilizar todas las normativas que existen y ponerlas al servicio de generar hábitat para quienes más lo necesitan”.
El funcionario enumeró también distintas políticas que se están llevando adelante en este momento por parte de la Provincia, las cuales tienen que ver con la producción de lotes con servicios en los distintos municipios, regularización dominial para las familias que no tienen su título de propiedad, construcción de viviendas nuevas, mejoramiento de viviendas existentes, intervenciones urbanas para acercar servicios públicos a aquellos barrios excluidos, entre otras.
Por parte del Estado Nacional, la creación del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat es una señal clara de la prioridad que tomaron estas políticas. En articulación con lo local, el Concejo Deliberante adhirió recientemente al Plan Nacional de Suelo Urbano, otorgándole al Municipio una variedad de herramientas para hacer frente al flagelo de la falta de acceso al hábitat.
Y el ámbito legislativo no se queda atrás en la creación de normas que tengan como objetivo mejorar la accesibilidad a un hábitat digno. Una de las normas más reconocidas en este sentido es la Ley Provincial 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, promulgada en 2012, que tiene por objetivo “la promoción del derecho a la vivienda y a un hábitat digno y sustentable”.
“La ley provincial es excelente porque te da todas las herramientas para ir mejorando el hábitat de todos los ciudadanos” Diego Dorcazberro, integrante de Sureando.
En la extensa ley se toca el tema de la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas y el debate sobre la problemática del acceso al hábitat. El artículo 57 plantea que “los organismos provinciales y municipales deben asegurar la participación de los ciudadanos y de las entidades por éstos constituidas, para la defensa de sus intereses y valores, así como velar por sus derechos de información e iniciativa”. Además, promueve la creación de espacios donde este derecho pueda ser garantizado.

El Consejo Local para el Fomento del Hábitat
Luego de la adhesión municipal a esta ley es que en la ciudad de Bahía Blanca se creó en el año 2017 el Consejo Local para el Fomento del Hábitat. El mismo está constituido por representantes del Ejecutivo, del Legislativo, de organizaciones sociales que actúan en el territorio, de ambas universidades nacionales de la ciudad y de colegios profesionales.
“El consejo local debe ser una herramienta que tengan los vecinos para discutir el hábitat, y tiene como objetivo no solamente cambiar la concepción del significado de hábitat sino construir desde el consenso estrategias que desarrollen un hábitat urbano un poco más accesible para los bahienses. Aunque esto no se vea plasmado en las estrategias del ejecutivo municipal” explicó Facundo Damiani del Movimiento Evita.
Una de las quejas más recurrentes sobre el funcionamiento del Consejo es que las reuniones no se dan con la frecuencia estipulada. La ordenanza que le dio origen marca en su reglamento que “el Consejo deberá reunirse como mínimo una vez al mes en sesiones ordinarias”. Desde su creación, el promedio de reuniones anuales es de 5.
Natalia Mancini de Caritas mencionó a RADIO URBANA que “durante los últimos años no hubo reuniones del Consejo Local para el Fomento del Hábitat, o no fueron periódicas. El año anterior se realizaron menos de 7 reuniones, y en lo que va del año 2021 aún no se realizó ninguna”
“El consejo local es una instancia de gestión democrática de la ciudad. El problema del hábitat es tan importante, diverso, complejo y estructural que necesita la intervención no sólo del Estado, sino de todos los sectores. Que las comunidades sean sujeto y no sólo objeto de las políticas públicas” Rubén Pascolini, subsecretario provincial de hábitat de la comunidad.
Por su parte, Walter Larrea, concejal del Frente de Todos y representante de su bloque en el Consejo Local de Hábitat, dijo que “el consejo local participa de la misma naturaleza de inactividad que tiene la gestión municipal: No se le dio continuidad. Podemos poner la mejor letra de ley pero si no tenemos curso para desarrollarla políticamente es letra muerta”.
Martín Castro, presidente de este consejo y además Director General de Planificación y Desarrollo Urbano del Municipio, apuntó a la pandemia como una de las razones por la escasa participación: “El funcionamiento virtual, sobre todo con las últimas reuniones fue muy complejo. Se pidió hacerlas presenciales, hicimos una sobre fin de año, participaron más de 30 personas y estuvo muy bien. Este año no nos hemos reunido todavía, tanto el año pasado como este han sido muy singulares. Todos estamos complicados en cuanto a poder organizar y conformar este tipo de espacios de participación que, si bien no son masivos, son multitudinarios”.
Otra de las críticas hacia el funcionamiento del consejo tiene que ver con la falta de soluciones reales que aporta. Facundo Damiani explicó que “verdaderamente sentimos que a veces no nos escuchan. El consejo tiene muchas herramientas para trabajar esta problemática pero a veces sentimos que existe por mera burocracia por parte del ejecutivo. Creemos que solamente lo dispone porque por ordenanza está obligado a hacerlo”.
Frente a este cuestionamiento, Martín Castro se escudó en que el consejo que preside no tiene la obligación de llegar a soluciones reales en cuanto a la problemática habitacional. Y agregó que “ese espacio tiene la incumbencia de opinar, cerrar alguna postura, pero no tiene peso desde lo resolutivo. Son ámbitos donde se debate pero no tienen capacidad de solución de conflictos”.

¿Y las políticas municipales?
Si hay algo que venimos destacando, es que los distintos estamentos del Estado tienen el rol irrenunciable de atender la problemática de acceso al hábitat. Y deberá ser una tarea articulada entre ellos para llegar efectivamente a los territorios.
Esto lo explica Rubén Pascolini cuando menciona que “es un trabajo colaborativo imprescindible, ya que la mayoría de las políticas lo requiere. Siempre hay cuestiones en las que son necesarios los intendentes. La intervención del municipio es fundamental en esto”.
Walter Larrea resaltó también la necesidad de la gestión municipal en la aplicación de las políticas que existen desde Nación y Provincia: “Si el Municipio no operativiza y no toma en sus manos la decisión política de impulsarlas es muy difícil. El Plan Nacional de Suelo Urbano tuvo mucha dificultad para que el bloque oficialista en el Concejo Deliberante apruebe la adhesión. Hay que poner en práctica la firma de convenios, bajar partidas, articular capacitaciones, relevar lotes ociosos. Requiere una política activa del Estado Municipal, que es el Estado con cercanía y en contacto con el vecino. El Municipio no tiene ninguna voluntad de llevarlo adelante. Siento que el intendente Gay sostiene que el problema del hábitat tiene que solucionarlo el mercado”.
Facundo Damiani opinó en consonancia que “notamos que hay un desinterés total por parte del Ejecutivo de trabajar esta problemática. Es algo que notamos que sucede en la totalidad de la ciudad, no solo los barrios periféricos”.
Por su parte, Martín Castro enumeró algunas políticas que está llevando adelante su dirección para avanzar en la situación habitacional local: “Estamos trabajando, y es nuestra competencia fundamental, en generar suelo para producir diferentes tipos de soluciones. Hicimos el año pasado un relevamiento de los suelos potenciales a urbanizar. La ciudad tiene más de 1.000 hectáreas cuyo propietario es el Estado. Ahí tenes posibilidad de producir soluciones reales. Ese suelo se mapeó y se jerarquizó. Conocemos cuáles son los mejores a urbanizar en primera instancia como para poder, habiendo algún programa, empezar por ahí”.

Un problema invisible
En este sentido, resulta indispensable poner en agenda la problemática que representa que una gran parte de la población no cumpla con los requisitos para una vida digna. Hoy, y luego de las lluvias del fin de semana, hay gente en nuestra ciudad sin un techo donde resguardarse, o con una casa que no puede mantener el agua afuera. Hay barrios enteros donde esta noche no va a poder entrar la ambulancia en caso de emergencias porque los accesos están inundados.
Hablar de hábitat únicamente cuando sucede una ocupación de tierras responde a la lógica en la cual se entiende a la falta de acceso democrático al hábitat como un tema coyuntural. Entenderlo como una situación compleja, estructural y multicausal es la clave para pedir más políticas públicas integrales y menos mano dura.

 

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