En el marco de un nuevo Día Internacional de la Mujer Trabajadora ayer se desarrolló un nuevo paro y una nueva movilización en Bahía Blanca y todo el país.
El 8 de marzo tiene origen histórico en 1908: aquel día 129 mujeres murieron en un incendio provocado por su empleador en la fábrica Cotton, en Nueva York, Estados Unidos, luego de una huelga y ocupación de la fábrica. Reclamaban los mismos derechos que sus compañeros varones: mismo sueldo por igual tarea y la reducción de la jornada laboral.
Desde 2017 que el 8 de marzo se convoca al paro de mujeres trabajadoras como una herramienta de manifestación que adoptó el movimiento feminista en Argentina y se replicó en todo el mundo.
A cuatro años del primer paro y luego de dos años de encuentros virtuales repasamos los avances, las deudas y los retrocesos de una movilización que también llegó a nuestra ciudad y retomó la calle.
“La jornada del 8M es conmemorativa y de militancia por los derechos de las mujeres y contra la violencia machista. En el día de ayer recuperamos las mujeres y diversidades la calle que nos permitió entre otros logros tener ministerios a nivel nacional y provincial y la ley de IVE, tenemos pendiente la aplicación efectiva de la ESI como método par transformar los vínculos y así terminar con la violencia machista, lograr la reducción de brechas vinculadas al acceso al trabajo y las condiciones en que este se desarrolla», analizó Analía Lopez, concejala del Frente de Todos e integrante de la Comisión de Género, Equidad y Diversidad del HCD.
«En Bahía Blanca seguiremos marchando hasta que el municipio reconozca que las políticas de género, la erradicación de la violencia de género y las políticas de diversidad sexual e identitaria deben estar en su agenda de gestión y contar con recursos económicos que la lleven adelante. Hasta entonces seguiremos marchando y encontrándonos en las calles de Bahía”.
Por su parte, Victoria Aure, integrante del Frente Feminista Nacional y Popular aseguró que: «Dentro de todo lo que aún luchamos se encuentra la reforma judicial con clave feminista, más recursos para las áreas de género, lograr las transversalidad de la perspectiva de género en todas las secretarias y estamentos estatales, siempre pedir más y mejor ESI, discutir las masculinidades para disminuir la violencia de género, asegurar el cumplimiento de todos los derechos ya conquistados y generar mejores condiciones en la distribución económica”.
Para comprender la lectura de los testimonios, es necesario un breve repaso por las políticas de género a cargo del Municipio. El punto de partida de este repaso es que no hay interlocutores municipales sobre las gestiones en materia de género y esto sólo señala una cosa: no hay gestión. La encargada de coordinar las -no- políticas de género municipales es Ana Maceratesi (funcionaria de la Secretaría de Políticas Sociales que contiene la agenda local de género) y si bien una de las promesas de Gay en 2021 fue profundizar la articulación de está área con las organizaciones sociales que trabajan la agenda de género en la ciudad, Maceratesi nunca ha respondido a las convocatorias que se le enviaron.
Otro antecedente es el conflicto desatado por el propio Municipio en noviembre de 2020 que no gráfica amablemente sus intenciones: la entonces Secretaría de Movilidad Urbana y Espacios Públicos a cargo de Tomás Marisco intentó desalojar a ONGs que trabajan con el cuidado de víctimas en la ciudad. Tampoco han respondido a las solicitudes de organizaciones como Furias Feria que trabajan en la contención de diversidades. Y al día de hoy el Municipio no ha realizado las gestiones necesarias para conformar la Mesa Intersectorial de Género que articula las políticas públicas de prevención y asistencia que se impulsan a nivel nacional y provincial.
¿Cómo se termina de materializar la falta de gestión en materia de género? con la falta de presupuesto. El gobierno municipal pretende destinar este año tan solo 873.138 pesos al Abordaje Integral de Mujeres Víctimas de Violencia (según lo detallado en el presupuesto 2022).
Clelia Severini, integrante de la ONG Creer Si que brinda asistencia psicóloga a mujeres, niñas y niños que hayan sufrido abuso sexual señaló en Ahí Vamos: «Todos los principios de año se presentan con incertidumbre por los recursos económicos con los que contamos. Tenemos personas con mucha vocación solidaria y compromiso, pero necesitamos recursos para aplicar nuestros programas. No tenemos un aporte oficial estable, tenemos que recurrir a otras estrategias», e indicó que los fondos municipales que reciben son $22.000 pesos mensuales destinados a un taller de arte para niños.
En defensa de lo conquistado
“Desde aquel primer paro en el 2017 muchas de las consignas levantadas fueron ganando mayor legitimidad. El gran ejemplo es la conquista del Aborto Legal Seguro y Gratuito en diciembre de 2020 pero también el reconocimiento al trabajo doméstico y las tareas de cuidado», propuso Melina Muñoz, integrante del Observatorio de Género y Diversidad de la Universidad Nacional del Sur.
En el Hospital Penna durante el 2021 se atendieron alrededor de 380 consultas desde la consejería pre y post aborto y se estima que se practican alrededor de 70 abortos al año en la institución. A través del 0800 de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva (DSSyR) de la provincia en articulación con los municipios se atendieron 50 consultas por información sobre aborto en toda la Región Sanitaria I que incluye a Bahía Blanca. La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo se cumple en nuestra ciudad y no solo a través de los dispositivos mencionados, si no que hay una red dentro del primer nivel de atención que garantiza su cumplimiento.
Esto implica comprender la forma en que la agenda feminista atraviesa las condiciones de producción y reproducción que a la vez potencian las condiciones de vida de las mujeres y disidencias.
«Todavía no hemos podido desterrar y cada vez es más cruda la violencia machista, hacia las mujeres, las travestis y trans. Creemos que el patriarcado no nos perdona que nos organicemos que peleemos y siguen existiendo víctimas entre nosotras que vienen de la mano de la violencia simbólica que todavía existe en la sociedad, más allá de los avances», señaló Ana Canullo, secretaria del SUTEBA local.
En lo que va de 2022 se registró un femicidio cada 26 horas en todo el país. Ya son 54 femicidios, entre ellos 2 trans-travesticidios. Según los datos locales publicados en Gobierno Abierto, Bahía Blanca es también una ciudad atravesada por la violencia de género: desde el 20 de marzo hasta el 20 de junio del 2020 se registraron 426 causas en las fiscalías especializadas en violencia de género y delitos sexuales, en el mismo período del 2021 se registraron 677.
«Ahora tenemos registros oficiales de la violencia más explícita que sufrimos pero siguen haciendo falta respuestas concretas a esas situaciones de vulnerabilidad por parte del estado en todos sus niveles. Hemos calado en los discursos sociales y vemos mayor concientización pero aún necesitamos más varones involucrados en interpelar a otros varones», analizó Melina Muñoz.
La reforma judicial y la transformación de las estrategias de abordaje y reparación ante las denuncias de violencia de género son una demanda principal de los movimientos feministas actuales que tracciona desde el interior del poder judicial.
En ese sentido reflexionó la vocera del Ministerio Público Fiscal de Bahía Blanca, Jesica Rípodas: “Hay una deuda pendiente pero también hay mucha gente capacitada en cuestiones de género que trabaja sin horarios para poder brindar contención y respuesta a las víctimas. Entiendo que falta mucho por avanzar en el sistema judicial y otro tanto que le corresponde a nuestros legisladores para que esas modificaciones se vean plasmadas en las leyes vigentes».
«Sin embargo, también hay avances: hay casi paridad en los trabajadores judiciales del Ministerio Público Fiscal, capacitaciones de la Ley Micaela constantes y obligatorias. También hay recambio de personal, creo que las nuevas generaciones tienen internalizadas muchas de estas cuestiones que para muchos es más difícil de comprender”.
El último juicio por femicidio en Bahía Blanca fue el de Gregorio Costa, acusado de asesinar a Susana Melo en Ingeniero White. La modalidad del juicio por jurados y los resultados marcaron un hito histórico en la ciudad: el jurado declaró culpable al femicida. Luego del pedido de cadena perpetua por parte de Fernanda Petersen (abogada de la familia Melo) y la fiscalía, la jueza impuso la pena mayor al acusado.
Están claros los pendientes con la agenda de género, asimismo, la jornada de ayer marcó un retorno alegre al encuentro en las calles.
«Lo que hoy a la luz de lo que pasó ayer considero super importante es la marcha maravillosa que hubo en nuestra ciudad también en un momento en que la participación está costando tanto y haber juntado a tantas mujeres de tantos sectores y edades es muy importante. Lo que tenemos que hacer es ver cómo organizamos todo eso porque evidentemente tenemos muchas ganas de pelear y de salir pero a veces todo lo que está puesto ese día el 8M o en el 3J en la calle no se traduce en organización y esa es otra de las deudas que todavía tiene este movimiento que es maravilloso pero hay que seguir peleando desde las instituciones y organizaciones», concluyó Ana Canullo.