La Universidad Católica Argentina, a través de un informe del Barómetro de la Deuda Social, lanzó una fuerte advertencia sobre los costos del ajuste al gobierno de Mauricio Macri y remarcó que entre diciembre de 2015 y lo que va de este año la cantidad de pobres aumentó en 1.400.000 personas, al tiempo que «más de 400 mil se sumaron a la indigencia».
La UCA, a través de su informe dado a conocer este año y presentado este jueves, criticó la falta de «protección social» frente al tarifazo y los aumentos generalizados, por lo que pidió «una distribución socialmente más equitativa de los costos del ajuste y de los recursos disponibles».
Bajo el título «Tiempo de balance: deudas sociales pendientes al final del Bicentenario. Necesidad de atender las demandas del desarrollo humano con mayor equidad e inclusión social», el informe fue presentado en el edificio de la UCA de Puerto Madero, con comentarios de José Nun, María del Carmen Feijoó y Daniel Arroyo.
Asimismo, el equipo de la UCA señaló que se relevó información de la situación social del país entre 2010 y 2015, período sobre el que afirmó que se cometieron «graves errores en materia de política socioeconómica», que no ayudaron a erradicar la «pobreza extrema». A ello sumaron los «costos sociales que están generando las medidas de ajuste importante durante los últimos meses».
El texto apunta que «no cabe esperar un derrame social sin un modelo que integre subsidiariamente al sistema socioproductivo moderno y eleve la productividad de los sectores informales protegiendo los derechos de los trabajadores».
Del informe se desprende que entre 2010 y el 2015 «mejoró el empleo decente» para la franja de trabajadores con mejores condiciones laborales, que agrupa al 43 por ciento del total de personas con capacidad laboral plena en los centros urbanos, de acuerdo con un relevamiento sobre 5700 hogares y 14 mil entrevistados de 20 ciudades/localidades.
Del mismo modo, el estudio rescató algunas medidas del gobierno nacional tales como el aumento en las prestaciones por jubilación y pensión, la reducción del mínimo no imponible de ganancias; la ampliación de las tarifas sociales y el mantenimiento del sistema de precios cuidados creado por el gobierno de Cristina Fernández.
En ese marco, advierte que «el mayor riesgo social no sólo lo está experimentando la población más vulnerable que depende de la ayuda social», sino también los «millones de hogares que fundan su subsistencia en trabajos precarios, pequeños comercios y trabajadores eventuales», quienes -según señala el informe- no recibieron una «especial protección social frente a la actual fase de caída del consumo, aumento de los precios y mayor riesgo de despido o caída de la actividad».
Del mandato de Cristina, el estudio indicó también que «se registra una fuerte mejora en los ingresos reales entre 2010 y 2011, en el marco de un proceso de reactivación económica y mejoras en las políticas laborales y sociales; luego, se observa un descenso y posterior amesetamiento en 2012-2013, en un contexto económico crecientemente inflacionario y recesivo; y, por último, en ese mismo contexto de relativo estancamiento con inflación, se hacen presentes nuevos retrocesos en 2014 y 2015».
Fuente: infonews.com