El juez federal Ariel Lijo sobreseyó este miércoles a la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, en la causa que investigaba el origen del dinero robado en su casa el domingo del triunfo electoral de Cambiemos y ordenó sepultar las pistas sobre el financiamiento irregular de las fundaciones ligadas a funcionarios nacionales.
Según divulgó el Centro de Información Judicial (CIJ), el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4 consideró que Michetti logró acreditar que $ 245.000 y los u$s 50.000 sustraídos de su casa de Balvanera el 22 de noviembre de 2015 eran «legales».
En la misma resolución, dispuso el archivo de la pesquisa sobre las fundaciones Pericles, del diputado del Parlasur de Cambiemos Fabián «Pepín» Rodríguez Simón; Formar, del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; Fundar Justicia y Seguridad, del secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco; Creer y Crecer, del intendente del PRO de Lanús, Néstor Grindetti, y SUMA, de la Vicepresidente.
Según CIJ, Lijo sostuvo que luego de producir toda la prueba y recopilar gran cantidad de información de cada una de las fundaciones, «no se verificó ningún hecho delictivo ni tampoco sustentó la producción de nuevas medidas por encontrarse agotada la investigación». No fue suficiente que cuatro testigos hayan admitido que no recibieron recibos por las donaciones aportadas a SUMA.
A pesar de las contradicciones en los testimonios recopilados y de las versiones de una recolección ilegal de fondos en despachos del Congreso, el juez firmó el sobreseimiento de la presidente del Senado sin citarla a declarar. El magistrado consideró que se «corroboró la versión expuesta por Gabriela Michetti en las diversas presentaciones efectuadas ante el Tribunal».
Los informes bancarios, las declaraciones juradas, las testimoniales y los libros contables de la Fundación SUMA acreditaron el origen lícito del dinero, aunque estos últimos fueron objetados por el abogado denunciante Leonardo Martínez Herrero.
La denuncia original contra Michetti y las fundaciones macristas fue presentada por los diputados del Frente para la Victoria Juan Cabandié y Rodolfo Tahilade. Ni los legisladores ni el abogado Martínez Herrero pueden apelar. El futuro de la causa queda ahora en manos del fiscal Guillermo Marijuan quien, según anticiparon fuentes judiciales a ambito.com, ya tendría decidido no hacerlo. Otra posibilidad es que apele la oficina anticorrupción de Laura Alonso. Si eso ocurriese, el expediente se elevaría a la fiscalía de la Cámara Federal porteña de Germán Moldes, donde tampoco encontraría un curso investigativo favorable.
Fuente: ambito.com