Claudio Martini, inspector jefe de la Región 22 de Educación, habló esta tarde con el programa Total Normalidad sobre las pintadas con amenazas de tiroteos que aparecieron en varias escuelas de Bahía Blanca y la zona, en el marco de un supuesto reto viral que se extendió a través de redes sociales y también generó preocupación en otros lugares del país.
El funcionario sostuvo que el sistema educativo detectó la problemática antes de su llegada a la región tras un encuentro presencial con el Ministerio de Seguridad en La Plata. Según explicó, las pintadas responden a un fenómeno de alcance nacional que tuvo antecedentes recientes en provincias como Tucumán y Córdoba. «La escuela se convirtió en una ventanita para mostrar algunas cuestiones, esto no es escolar, es social», puntualizó.
La autoridad educativa de la Región 22, que abarca los distritos de Bahía Blanca, Coronel Rosales, Monte Hermoso, Villarino y Patagones, enfatizó que los episodios no deben atribuirse a una institución en particular, sino a una tendencia de violencia anónima. Martini calificó la situación como una consecuencia del mal uso de las herramientas digitales. «Es una herramienta que si cae en mal uso hace mucho mal porque la escalada es exponencial», señaló.
Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la categorización legal de estos hechos. El inspector advirtió que las amenazas vertidas en las paredes de los establecimientos conllevan responsabilidades penales. «Nuestra juventud no toma dimensión de la magnitud que implican estas pintadas. No es un juego, no es un chiste, no es un reto, es un delito», afirmó con el objetivo de concientizar a las familias y a la comunidad sobre las consecuencias judiciales y las contravenciones que estos actos generan.
Martini manifestó que la situación altera el funcionamiento cotidiano de las instituciones y afecta el derecho de los estudiantes a habitar espacios seguros. «Esto es todo lo que está mal. Es una preocupación y ocupación constante que saca a la escuela de su ritmo, la saca de su paz, la saca de su métier«, describió. Asimismo, remarcó que el objetivo de asistir a un establecimiento educativo debe ser enseñar, aprender y disfrutar, condiciones que se ven vulneradas ante estas amenazas.
Respecto al abordaje institucional, confirmó la aplicación de una Comunicación Conjunta, un protocolo que establece guías específicas para el tratamiento de estas situaciones. El inspector jefe regional indicó que, además de las denuncias correspondientes, los equipos directivos mantienen reuniones con familias y centros de estudiantes. «Nos toca hacer escuela en esta temática y tenemos que lograr que este mal contenido sea también un motivo de enseñanza», explicó.
«Nuestra juventud no toma dimensión de la magnitud que implican estas pintadas. No es un juego, no es un chiste, no es un reto, es un delito»
El funcionario también vinculó estos hechos con un clima de agresividad generalizado en la sociedad y en los discursos públicos de altos mandos políticos. Martini comparó las amenazas en las escuelas con situaciones de «microviolencia» cotidiana que ocurren en la vía pública o en comercios. «La violencia solo genera más violencia. Es una espiral cíclico ascendente. Se hace enorme y no para», advirtió, instando a poner límites claros tanto dentro como fuera de las instituciones educativas.
Sobre el contenido de los mensajes, el inspector analizó que detrás de la amenaza directa existe un trasfondo que requiere atención por parte de los adultos responsables. «Detrás del mensaje hay otro mensaje, que es el famoso metamensaje. ¿Qué nos quieren decir los jóvenes?», se preguntó. Esta preocupación motivó un trabajo intensivo que se extendió durante el fin de semana para coordinar las acciones preventivas y de investigación junto a las autoridades judiciales competentes.
Finalmente, Martini destacó la labor de los jefes distritales y directores de la región para mantener la calma en los establecimientos. Aclaró que, mientras el ámbito judicial se encarga de los allanamientos y el análisis de cámaras de seguridad, la escuela debe enfocarse en la reconstrucción del tejido social. El inspector concluyó que el abordaje debe ser integral: «Uno es hacia la pintada directo y otro es hacia la raíz de la pintada. Acción en corto, mediano y largo plazo».