El Gobierno debía subsidiar la tarifas de cooperativas y recuperadas registradas. No lo hizo. Después de la protesta, en Energía dicen que la semana próxima aparecerá el dinero. Las firmas acumulan una deuda millonaria.
Trabajadores de empresas recuperadas del sector curtidor, gráficos y frigoríficos realizaron ayer una protesta adentro del Ministerio de Energía para reclamar que el gobierno nacional cumpla con el otorgamiento de un subsidio a la tarifa eléctrica con el cual se había comprometido en diciembre del año pasado. A raíz de una dificultad supuestamente administrativa, el Gobierno no gira a las distribuidoras eléctricas el dinero del subsidio que marca la resolución 591 publicada en el Boletín Oficial. En consecuencia, unas 200 cooperativas están en problemas: acumulan deudas millonarias por los servicios públicos porque dejaron de pagar una parte de la boleta a la espera del beneficio prometido o bien no registran pasivos pero en cambio recortaron los ingresos de sus trabajadores. El Gobierno renovó su promesa: se comprometió a pagar el subsidio la semana que viene y a renovar el listado de recuperadas para que el beneficio también esté vigente a lo largo de este año.
La empresa recuperada Cueroflex, de cuero reciclado, pagaba el año pasado antes del tarifazo unos 50 mil pesos mensuales de luz y entre 20 y 30 mil pesos de gas. El incremento tarifario de 2016 elevó esos valores a 477 mil pesos y a 300 mil pesos, respectivamente. Todavía no recibieron las boletas con los aumentos aplicados este año, que regirán hasta que vuelvan a subir las tarifas después de las elecciones de octubre próximo. La suba de los costos de los servicios públicos se da en un contexto de caída de entre el 30 y 40 por ciento de las ventas y el aumento de los bienes importados que desplaza a la producción local en un mercado recesivo. La cooperativa Gráfica Patricios pasó de pagar la luz de 27 a 180 mil pesos desde el año pasado incluyendo el aumento aplicado en marzo. El gas les subió de 3000 a 40.000 pesos. También les bajó el trabajo e ingresan más importados, que repercute en el cierre de pequeños talleres.
Las empresas mencionadas fueron inscriptas por el Gobierno en un registro de beneficiarios de una tarifa eléctrica diferencial para empresas electrointensivas, según lo definido por la resolución 591 del Ministerio de Producción, publicada el 5 de diciembre, en función de la convocatoria de la resolución 327 del 15 de julio de 2016. El subsidio previsto es de entre el 30 y el 70 por ciento de la tarifa. A pesar de que ya pasaron varios meses y de que la situación económica para muchas empresas es muy delicada, el Estado todavía no movilizó el presupuesto asignado para esa partida. En consecuencia, las recuperadas tienen que hacer malabares para continuar produciendo.
“En diciembre, el Gobierno se comprometió a aplicar una reducción de la tarifa. En función de eso, Cueroflex paga desde el año pasado la mitad de las boletas, con lo cual debemos más de 3 millones de pesos y 1,5 millón de pesos de gas. Las distribuidoras ya nos enviaron la orden de corte del servicio”, indicó a este diario Jorge Reisch, de Cueroflex. “Nosotros no acumulamos deuda. Decidimos pagar las boletas pero reducir el retiro mensual de los compañeros. Empieza a salir más plata de la que entra, hace dos meses que estamos algo por debajo del punto de equilibrio. Estamos reclamando que el Gobierno cumpla con su compromiso de facilitar una parte de la boleta de luz y también extender el beneficio durante 2017”, dijo Eduardo Montes, de Gráfica Patricios.
Andrés Ruggeri, director del Programa Facultad Abierta de la UBA, en donde se estudia a la economía autogestionada, explicó a PáginaI12 que “todas las empresas recuperadas se ven muy afectadas por esta situación. Les ofrecieron acuerdos que después no cumplen. Entonces se acumulan deudas cada vez más importantes”. En esta situación hay unas 200 cooperativas que utilizan en forma intensiva el servicio eléctrico para desarrollar su producción.
Un grupo de recuperadas irrumpió ayer en el Ministerio de Energía y realizó una protesta que derivó en una reunión con Andrés Chambouleyron, subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria de la cartera que conduce Juan José Aranguren. El funcionario les dijo que en una o dos semanas va a llegar el dinero prometido hace seis meses. Les adelantó que el beneficio se renovará por el período 2017 y que abarcará al gas. También les sugirió que trasladen a precios los aumentos tarifarios. “Con ventas que caen un 30 por ciento y un 20 por ciento más de productos importados es inviable subir los precios”, recibió como respuesta el enviado de Aranguren.
Fuente: pagina12.com.ar