En la última semana, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo por unanimidad dejando firme la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a ejecutar plenamente la Ley de Financiamiento Universitario. La misma fue aprobada por ambas cámaras del Congreso, vetada consecuentemente por el Presidente Milei, y finalmente ratificada por el Poder Legislativo. Luego de este fallo, el Gobierno se queda sin instancias para apelar, y se ve obligada a cumplir la ley.
Mariela Puga, abogada e investigadora del CONICET, aseguró que «el Gobierno nacional ha ido encontrando distintos resquicios para suspender la aplicación de la ley, pero con esta decisión de la Corte Suprema la cautelar quedó firme, por lo que los artículos de la ley son exigibles inmediatamente. Nunca había ocurrido que el Congreso deba insistir por sobre un veto presidencial, ni mucho menos que una aplicación se suspenda por el Ejecutivo una vez publicada».
«Ahora, tras la medida cautelar, no quedan excusas legales que le permitan al Gobierno seguir sin cumplir la ley» Mariela Puga.
¿Qué puede suceder en caso de que el Gobierno de Milei sostenga el incumplimiento de la ley? La profesional destacó que «va a ser difícil que el Gobierno no quede envuelto en una instancia de desobediencia jurídica en caso de seguir desoyendo la ley, algo que es denunciable penalmente. Cómo continúe esa situación va a depender del Consejo Interuniversitario Nacional, que son los demandantes, y del juez. El CIN ya pidió un esquema por el cual el Gobierno deba pagar un determinado monto de multa por cada día de incumplimiento, pero el juez todavía no ha tomado esa resolución. En caso de avanzar una situación penal, el delito de incumplimiento recae sobre la figura del jefe de Gabinete».
Por último, Puga se refirió al acuerdo ofrecido por el Gobierno nacional a la CIN: «Es cierto que hubo un pacto, a través del cual el Gobierno iba a cumplir una partecita de los artículos 5 y 6, pero esta cautelar implica completar el 60% que todavía falta. Es difícil hacer una lectura de ese acuerdo, porque es probable que se haya aceptado en un acto de buena voluntad, pero se firmó cuando faltaban pocos días para al decisión de la Corte. Acá hay una medida cautelar firme. Por lo tanto, lo que resta es que salga una orden fijando plazos y sanciones para el cumplimiento la ley«.