El presidente viajó al país asiático para conseguir inversiones, en especial destinadas a obra pública, pero la compra de viviendas prefabricadas podría destruir miles de puestos de trabajo.
El presidente Mauricio Macri vendió su viaje a China como la oportunidad de conseguir millonarias inversiones para el país, en especial, en materia de obra pública. Entre los acuerdos en los que el Gobierno pretende avanzar está la compra de casas prefabricadas, que podrían poner en riesgo la industria maderera nacional y sus miles de puestos de trabajo.
A pesar de que en marzo el jefe de Gabinete, Marcos Peña, había asegurado no tener información sobre la compra de estas viviendas a empresas chinas, con el correr del tiempo varios funcionarios confirmaron la intención del Ejecutivo, aunque prometieron que la mano de obra será local y entre un 40 y un 50 de los insumos también.
Macri llegó a China con un hombre de su absoluta confianza: el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, Iván Kerr. El objetivo de ambos es avanzar en el acuerdo por la compra de 15 mil casas prefabricadas, punta de lanza de un proyecto mucho más ambicioso, que aspira a construir un millón de viviendas, cerca de un tercio del déficit total que tiene la Argentina en materia habitacional.
El encargado de sellar el acuerdo es el empresario chino Liang Wengen, presidente de Sany, la primera empresa de China (y la quinta en el mundo) dedicada a la producción de maquinaria e insumos para la construcción. Cada casa de 60 metros cuadrados costará cerca de 39.000 dólares (a razón de 650 dólares el metro) y, para entregar las primeras 5 mil, Sany proyecta invertir cerca de 30 millones de dólares.
«La importación de casas de madera chinas afectaría en forma directa a la industria foresto-industrial de Misiones y pondría en riesgo las 20 mil fuentes laborales que están relacionadas con el sector», advirtió el diputado por Misiones Daniel Di Stéfano, del Frente para la Victoria, en diálogo con El País Digital.
Di Stéfano remarcó que se trata de «una de las materias primas de Misiones» y que el sector foresto-industrial «es motor en la economía regional», aunque ya se vio afectado por las medidas tomadas, hasta ahora, por el Gobierno y no tiene margen para soportar otro revés: «Actualmente, el sector está trabajando al 40%, algunos aserraderos están haciendo magia para no despedir a más gente, la situación se les hace insostenible».
«Muchas empresas redujeron horarios de trabajo —agregó el diputado— y, en lugar de tres turnos, solo trabajan uno o dos. El sector está muy desprotegido y corre grave riesgo, queremos que el presidente le ponga empeño a reactivar la industria nacional y (en ver) de qué manera se cuida el empleo y se genera más».
Por este motivo, el Di Stéfano presentó dos proyectos: en marzo, un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre la compra de estas casas y, en abril, otro sobre la utilización de la madera para la construcción de viviendas financiadas por el Estado Nacional.
Fueron varias las entidades que habían cuestionado las intenciones del Ejecutivo antes del viaje del jefe de Estado. La Federación de la Industria Maderera y Afines (FAIMA), por ejemplo, emitió a fines de abril un comunicado en el que manifestó su «honda preocupación por los alcances e implicancias de los acuerdos con el gigante asiático» y pidió «que se celebren acuerdos que garanticen el desarrollo de una oferta regional que dinamice al sector y permita así estimular el desarrollo de las economías regionales».
Lo propio hicieron, también, la Asociación Maderera, Aserraderos y Afines del Alto Paraná ; la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones (Apicofom); el Sindicato Obrero de la Industria de la Madera El Dorado (Soime); la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (Fadea); el Colegio de Arquitectos de Misiones, y la Universidad Nacional de Misiones, entre otras instituciones.
Fuente: elpaisdigital.com.ar