La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en general, por unanimidad -212 votos- el proyecto de ley que establece un régimen de protección a las víctimas de la delincuencia, con el cual se busca, entre otras cuestiones, que quienes sufran hechos de inseguridad tengan los mismos derechos que los imputados, como una parte esencial en el proceso penal.
La iniciativa crea centros de Protección y Asistencia a las Víctimas del Delito con atención las 24 horas, en las que habrían médicos, psicólogos, asistentes sociales y peritos.
El proyecto impulsado por el Frente Renovador también prevé que las excarcelaciones, libertades y todo tipo de medidas referidas al procesado o condenado deberán ser notificadas a la víctima.
«El proyecto fue trabajado y pensado con búsqueda de consensos. Con este régimen se reconocen y garantizan los derechos de asistencia, para proteger y garantizar el efectivo derecho de las víctimas de delitos», afirmó la presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara Baja, Gabriela Burgos (UCR-Jujuy).
«Sin lugar a dudas esto viene a saldar una deuda que se tenía con las víctimas que por mucho tiempo estuvieron acalladas. No tendrán un resarcimiento aquellos que perdieron a sus familiares, pero ahora el Estado les brindará justicia y un trato digno e igualitario», destacó la legisladora jujeña.
Por su parte, la diputada nacional Alejandra Martínez (UCR-Jujuy) remarcó que «el proyecto busca que las víctimas tengan derecho a la información, a la dignidad, a la seguridad y a la gratuidad».
En tanto, Sergio Massa, autor de la iniciativa junto a Graciela Camaño, sostuvo: «Sabemos que es importante para el momento de la llegada a la línea de reparación de la Justicia el papel que pueda jugar cada uno de los que fueron víctimas de un delito en el proceso -dijo-. Tenemos la satisfacción de que a partir de esta ley comenzamos a reparar parte de los daños que el Estado viene cometiendo».
Desde el Frente para la Victoria-PJ, Diana Conti, brindó su respaldo al proyecto, al advertir que «hemos dejado de lado los cuestionamientos técnicos y las falencias» de la iniciativa «y los vamos a acompañar en un todo sin disidencias» aunque apuntó al Frente Renovador, al alertar sobre «una andanada oportunista, en general, de los que van por la «avenida ancha».
Durante la sesión también se dio media sanción al proyecto que establece la obligatoriedad de la sala de 3 años en el nivel educativo inicial, presentado por el presidente Mauricio Macri el pasado 10 de mayo, cuando ratificó su compromiso de «construir tres mil jardines de infantes en los próximos cuatro años» y «hacer una revolución en la calidad de la educación pública».
Además, se le dio media sanción al proyecto de ley que contempla la Creación del Registro de instituciones de Capital Emprendedor.
• Armas
Diputados aprobó y giró al Senado un proyecto impulsado por el Frente Renovador que plantea el agravamiento de las penas por portación, tenencia, acopio y tráfico de armas.
La iniciativa, que fue consensuada con la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) y el Ministerio de Justicia de la Nación, registró 142 votos a favor y 50 negativos.
El massismo logró de esta forma anotarse el segundo proyecto de su autoría aprobado durante la sesión de este miércoles, ya que más temprano la Cámara Baja dio media sanción a la iniciativa que crea un régimen de protección de víctimas de delitos.
El proyecto sancionado, que modifica el Código Penal, consigna que «serán reprimidos con prisión de seis meses a cuatro años» los delitos de tenencia de arma de fuego «sin autorización legal».
A su vez, el proyecto establece una pena de cuatro a ocho años para los delitos por portación ilegal de armas, en tanto que el acopio recibirá penas de cuatro a 12 años prisión.
Además, se otorgará «una sanción de 6 a 20 años de prisión a quien, con el fin de contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad común, adquiriere, fabricare, suministrare, sustrajere o tuviere en su poder» armas de destrucción masiva.
La presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR), afirmó que «las políticas de desarme han sido totalmente infructuosas, incapaces de dar una respuesta efectiva a este flagelo».
Por su parte, la diputada del Frente Renovador Mónica Litza, partícipe de la redacción de la norma, precisó que «los homicidios en ocasión de robo con uso de armas de fuego representan el 90 por ciento de los hechos delictivos» en la territorio bonaerense.
«Lo más importante que tiene este proyecto de ley es tomar la decisión política de que el delincuente que porte un arma de fuego va a ir preso», concluyó.
Fuente: ambito.com