Daniel Ramírez, de Inquilinos Agrupados Bahía Blanca
En la madrugada del miércoles, la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones en la Ley de Alquileres, sancionada en 2020. El proyecto sancionado establece la actualización semestral -en lugar de anual-, según el índice de “casa propia” y la prohibición de publicar alquileres en dólares. El plazo de los contratos seguirá siendo de 3 años. Daniel Ramírez, integrante de Inquilinos Agrupados Bahía Blanca, brindó para Radio Urbana su apreciación sobre las reformas a la ley.
En primer lugar, Ramírez resaltó «la fuerza que hicieron las agrupaciones para concientizar sobre los problemas que tienen los inquilinos». Esta organización colaboró para frenar el proyecto que obtuvo media sanción en Senadores y establecía aumentos cuatrimestrales, sin un índice establecido y contratos de un año.
En segundo lugar, destacó que la nueva ley ate los aumentos a la fórmula “casa propia”, utilizada por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat nacional en los planes Procrear II. «Uno de los índices de esta fórmula tiene que ver con el salario, que es un componente vital porque es lo que nos permite vivir».
Tiene que existir una oficina para atender los reclamos de los inquilinos. En la desesperación de encontrar un lugar para vivir, uno termina firmando cualquier cosa
En tercer lugar, Ramírez apuntó contra el proyecto enviado desde las inmobiliarias, que finalmente fue frenado en la Cámara de Diputados. «Antes planteaba que arreglen los inquilinos y dueños. Hay una relación muy asimétrica y la persona que tiene que alquilar lo hace como puede. Nos encontramos con que hay poca oferta en Bahía Blanca y la que hay plantea condiciones ilegales».
Sobre este punto, agregó que «tiene que existir una oficina para atender los reclamos de los inquilinos. En la desesperación de encontrar un lugar para vivir, uno termina firmando cualquier cosa. Si bien tenemos la ley, lo importante es hacerla cumplir. La propia organización de los inquilinos es lo que nos da la fuerza para hacerlo».
Por último, señaló que desde las agrupaciones de inquilinos continúan reclamado la sanción de un impuesto a la vivienda ociosa para evitar que se retire la oferta de inmuebles con fines especulativos.
Seguimos reclamando el impuesto a la vivienda ociosa