Por: Tomás Casella
Como venimos mencionando en las últimas semanas, estamos en un momento donde el debate alrededor del uso medicinal del cannabis ha adquirido un carácter público pocas veces visto. Y para agregarle un hecho esperanzador, la política está empezando a ponerse al frente de este reclamo, buscándole el marco normativo para que esta herramienta medicinal pueda ser utilizada por aquellas personas que lo necesiten.
Utilizando como introducción esta nota anterior, vamos a profundizar sobre la llegada de dos políticas públicas en los distintos estamentos del Estado que prometen generar soluciones y democratizar el acceso al cannabis medicinal.
La creación de un Consejo Local
Luego de la aprobación de la ordenanza municipal 20.147 a fines del año pasado, el Municipio adhirió a la ley 27.350 y se comprometió a seguir la línea del Gobierno Nacional a la hora de generar políticas públicas que faciliten el acceso al cannabis medicinal.
Desde allí, mucho se ha trabajado desde los distintos espacios en la implementación local de los puntos que la normativa marca. Uno de ellos es la creación de un Consejo Asesor de Políticas Relacionadas al Cannabis, el cual finalmente fue presentado este mes.
Allí estarán representados actores de la Secretaría de Salud del municipio (Antonio Sica y Marisol Bocetti); del Concejo Deliberante (Lucía Pendino y Walter Larrea); la UNS (Francisco Mora); la UPSO (Julieta Turani); el CONICET (Susana Pasquaré y Pablo Marinangeli); Asociación Cultivo mi Medicina (Karina Romanelli y Martín Garmendia); el INTA (Federico Castoldi y Gerónimo de Leo); y el INASE (Rodrigo Fernández).
¿Qué tendrá como objetivo? Allí se buscará “asesorar en la elaboración de normas y disposiciones; establecer planes y programas; impulsar la firma de convenios; generar información (estadísticas y censos), promover la investigación médica y científica; y facilitar la creación de programas de capacitación, concientización y difusión dirigidos a la sociedad, al personal de la administración pública, a los trabajadores del sistema de salud y al personal de justicia y de seguridad con actuación en Bahía Blanca”.
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Walter Larrea, concejal por el Frente de Todos, festejó la creación del Consejo y explicó que “tiene un rol fundamental, porque garantiza la participación académica a través de las universidades y comunitaria por parte de las asociaciones civiles con personería jurídica, quienes tienen el contacto directo con los pacientes”.
La presidenta de este Consejo es la investigadora del CONICET Susana Pasquaré, y mencionó que “su creación está en línea con lo que viene ocurriendo a nivel nacional. Aquí se establecieron distintas comisiones de trabajo: una de producción y desarrollo, otra de convenios y capacitaciones y una de legal y técnica. Entre otras cuestiones, esto también servirá para promover un cultivo seguro con estándares de calidad”.
¿Qué se está debatiendo a nivel nacional?
Pero abordar este tema con una visión estrictamente medicinal no es suficiente. En este sentido, siendo más amplio y teniendo en cuenta la potencialidad industrial del cannabis y el cáñamo, es que se está debatiendo en este momento una ley que crea un marco regulatorio para la cadena de producción, industrialización y comercialización de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados para uso industrial y medicinal.
La iniciativa ya cuenta con la media sanción por parte de la Cámara de Senadores de la Nación, habiéndose alcanzado por un abultado resultado de 56 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención. Por esto se prevé que no haya demasiada dificultad para pasar por Diputados y convertirse en ley en los próximos días.
💻Con 56 votos afirmativos, 5 votos negativos y 1 abstención queda aprobado el proyecto de ley que establece el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial
— Senado Argentina (@SenadoArgentina) July 15, 2021
Gabriela Calzolaro, bióloga e integrante de la organización Ciencia Sativa, participó de la redacción de esta norma, y mencionó que “este proyecto viene a complementar la ley del 2017. Abarca bastante, y tiene dos objetos jurídicos: la industria del cáñamo y la industria del cannabis para uso medicinal. Va a haber oferta del sector del cáñamo, que tiene muchas potencialidades. Es amplia y prometedora en cuanto a empleos. Hay que ver los países que vienen regulando y aprender de los errores que hacen”.
Además, Calzolaro se mostró optimista por las posibilidades del proyecto y festejó la postura del Gobierno Nacional: “Se viene trabajando mucho desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, y la están impulsando, el apoyo del Ejecutivo es importante. Las legislaciones con el apoyo de un ministerio, sumado a la sociedad civil y en este caso empresarial es muy importante. Hay muy buena predisposición para que esto avance”.
Un cambio de paradigma estatal
Vemos con optimismo que no solamente se ha generalizado el debate sobre el acceso al cannabis medicinal, sino que además es el mismo Estado quien empuja y se pone al hombro la reivindicación.
Esto no solo tiene que ver con lo estrictamente legislativo, sino que marca un cambio de paradigma del cual el gobierno parece querer ser parte: dejar atrás la mirada punitiva al pensar en cannabis y poder ser más amplio. El cannabis, además de ser una herramienta medicinal que puede paliar el dolor de mucha gente, tiene el potencial para conformar una industria con un importante beneficio económico.
Con el tiempo, y a través de esta voluntad política, podremos empezar a ver el impacto de estos cambios y la llegada real de las políticas públicas que lo acompañan.
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