DERIVÓ EN VEINTENA DE DENUNCIAS PENALES POR LA FISCALÍA ANTILAVADO ARGENTINA
Se involucró a dos hermanos del Presidente, Gianfranco y Mariano Macri por giros con offshores de Panamá y Uruguay. Otras 15 causas se investigarán en fuero penal económico, incluido Calcaterra.
La causa de los Panama Papers en la que está imputado el presidente de la Nación Mauricio Macri recibió un envión inesperado a partir de información obtenida en una mega investigación iniciada en Alemania, frente a posibles maniobras de lavado de dinero que involucraban sociedades offshore de argentinos. Los datos recabados por la Fiscalía de Hamburgo dispararon -a nivel local- una veintena de denuncias penales, tras un análisis de la Procuraduría antilavado que estableció que había indicios suficientes para sospechar de dos hermanos del mandatario, Gianfranco y Mariano Macri ligados a operaciones con dos sociedades con sede en Panamá y Uruguay. De un total de 69 personas reportadas por las autoridades teutonas, quince expedientes fueron diseminados en la Justicia en lo penal económico, incluyendo los que mencionan al primo de Macri, y titular de la constructora IECSA, Ángelo Calcaterra.
La Staatsanwaltschaft Hamburg (Fiscalía de Hamburgo) había iniciado una profusa investigación sobre Reportes de Operaciones Sospechosas, gatillada por las revelaciones de los Panama Papers. En septiembre pasado, giró sus hallazgos relacionados a giros comerciales de sociedades offshore a través de Interpol. La oficina local de la policía internacional recibió esa documentación y se la remitió inmediatamente a la Procuración General que conduce Alejandra Gils Carbó, quitando del medio a la Unidad de Información Financiera (UIF), cuya imagen internacional se resintió en los últimos meses, algo que llamó la atención de los investigadores locales porque solía canalizarse esa información a través de la unidad antilavado. La oficina a cargo de Alejandra Gils Carbó reenvió los hallazgos vinculados a 69 personas físicas y jurídicas a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), encabezada por el fiscal Gabriel Pérez Barberá que inició 19 expedientes tras haber realizado una investigación preliminar y haber solicitado información de rigor para verificar las alertas que llegaron desde Alemania. Esto incluye la constatación acerca de si esas sociedades habían sido declaradas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), un requisito para que las operaciones a través de estas firmas no quede al margen de los organismos regulatorios de cada país. En principio, su declaración no se habría cumplido.
Gianfranco y Mariano (quien comparte directorio con el presidente en Fleg Trading Ltd, la sociedad investigada en los Panama Papers) fueron asociados con maniobras de las firmas BF Corporation SA y EQT SA, que fueron creadas en Panamá y Uruguay. La información proveniente de la fiscalía alemana siguió el rastro también de fondos depositados en el banco UBS Deutschland, filial alemana de la banca suiza.
Junto a los hermanos, de acuerdo a los reportes aparecen vinculado el contador uruguayo Santiago Lussich Torrendell, quien había sido un testigo clave en el expediente que sigue Sebastián Casanello y Federico Delgado para eximir de responsabilidad a Mauricio Macri. Declaró que los pedidos de creación de las firmas provinieron de Franco Macri, quien a su vez, se presentó ante la Justicia asumiendo toda la responsabilidad tanto por Fleg trading como por Kagemusha, la otra offshore investigada. Lussich Torrendell figura como apoderado junto a Rodrigo y Santiago Lussich Rachetti, integrantes de buffettes especializados en la creación de compañías de este perfil. La Procelac remitió este tramo de la investigación a la causa Panamá Papers donde también se sigue la ruta de la constelación de empresas vinculadas al clan Macri.
Unas 15 investigaciones preliminares de la Procelac derivaron en el fuero penal económico ante la posibilidad de que exista evasión tributaria o lavado de activos. Por el momento las concentró el fiscal Emilio Guerberoff, quien está de turno. Dentro de esa nómina, la fiscalía de Hamburgo aportó informes sobre Juan Ramón Garrone, relacionado a la firma IECSA, la constructora del primo presidencial, Calcaterra. El nombre de Garrone figura como beneficiario final en relación a una cuenta bancaria relativa a la firma Somerset Capital Investment Ltd, con sede en Islas Vírgenes y dirección social en Uruguay. Otras tres denuncias penales fueron radicadas en juzgados del interior del país, en virtud del domicilio de las personas involucradas.
El primer paso para que esta información sea procesada es que se defina la competencia entre fueros del presunto delito y que se avance en la apertura formal de las investigaciones a cargo de la fiscalía. Distinto es el caso de la de Panama Papers que instruye el tándem Delgado y Casanello que ya se encuentra activa, aunque con retraso en la llegada de información proveniente de Brasil y de Panamá. En tribunales se interrogaban si con las novedades, existe posibilidad de que posibles delitos económicos superen la hipótesis inicial de «omisión maliciosa» en las Declaraciones Juradas del Presidente.
Fuente: ambito.com