Hoy se conmemora el Día de la Lucha por la Despenalización y Legalización del aborto en América Latina y el Caribe, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y otras organizaciones reclaman «a las y los decisores políticos que este 2020 se apruebe nuestro proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo».
Hablamos con Yamila Picasso, Asesora de la Subsecretaría de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior y activista de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. «Nosotras decimos que en 2018 fue el gran debate social y la despenalización social se logró a través del debate. Ahora necesitamos que se apruebe la Ley», indicó.
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito aseguró en un comunicado que la despenalización y legalización del aborto «es urgente, es prioridad y es esencial», en la previa al «pañuelazo» y actividades online que se están realizando en el día de hoy en reclamo del tratamiento legislativo de la ley de interrupción voluntaria del embarazo.
Así mismo, Picasso explicó: «Desde la campaña circula una carta abierta al presidente, diputadxs y senadorxs diciendo que es urgente la sanción del aborto legal, seguro y gratuito» y que «en principio, el proyecto de la campaña sigue vigente, se presentó por octava vez el año pasado y tiene plazo parlamentario hasta marzo de 2021. Necesitamos que se discuta en sesiones ordinarias»
También mencionó que es una deuda de la democracia, «hace años que venimos pidiéndolo, la campaña pensó y trabajo un proyecto en el Congreso. Nosotras decimos que en 2018 fue el gran debate social y la despenalización social se logró a través del debate. Ahora necesitamos que se apruebe la Ley».
Por otro lado, destacó la importancia del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad
«Estamos viviendo un momento histórico, es la primera vez que tenemos un Ministerio con implicancias para las políticas publicas, que lo consiguió el movimiento feminista».
«Definitivamente este año va a ser ley, soy una convencida. Es un reclamo histórico, es una cuestión de DDHH, de justicia social y entendemos las palabras del presidente como un compromiso», finalizó.