La Legislatura porteña “sinceró” una de las prácticas habituales de empresas para con galenos. Cuando reciban, sólo deberán notificarlas al Ministerio de Salud.
Bajo el sinuoso nombre de «Ley para la publicidad de beneficios o premios a los médicos», se aprobó en la última sesión de la Legislatura porteña el expediente 592-D-2016, impulsado, entre otros, por la legisladora y exministra de Salud del kirchnerismo, Graciela Ocaña. En su artículo primero, la norma sancionada postula un sinceramiento a una de las prácticas más habituales de la industria farmacéutica: los regalos, obsequios, pagos de viajes y prebendas otorgadas a los médicos para que receten a sus pacientes determinados medicamentos, de cuya marca comercial son fabricantes. En su artículo primero, la norma postula que «fabricantes, importadores y distribuidores de productos médicos, biológicos y farmacéuticos que otorguen incentivos económicos o susceptibles de valoración pecuniaria con el objeto de incentivar en forma directa o indirecta al médico a tomar decisiones de diagnóstico y/o terapéuticas deberán informar dicha situación a la autoridad sanitaria local a efectos de darle la debida publicidad». Es decir que en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, no sólo se regulariza el lobby de las firmas para lograr que sus remedios sean recetados y consumidos por los pacientes, sino que con el solo acceso a una base de datos, las empresas deberán (si lo desea porque el articulado no comprende sanciones para quien no lo haga) dar cuenta si le hizo a médicos pagos en efectivo, por honorarios, pagó actividades de formación profesional para el galeno, hizo pagos para solventar viajes y entregó de valores, pasajes, regalos, hospedajes, gastos de representación, comidas o cualquier otro bien que tenga algún valor. El sindicato de los Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina que agremia a los visitadores médicos puso el grito en el cielo y aclaró que repudia la ley que «blanquea la coima» de las farmacéuticas.
En los fundamentos del proyecto se argumentó en sentido contrario: pese a que se señaló lo habitual de esas «prácticas espurias» que redundan en un mayor costo para el sistema de salud y los usuarios, no siempre siendo el recetado el mejor medicamento para una patología, se justificó que la publicidad de esa dádiva permitiría al paciente saber si su médico poseía algún compromiso o conflicto de interés. Pero en ninguno de sus cinco artículos se reguló una prohibición para que eso suceda, ni un castigo para quien lleve adelante ese mecanismo de «incentivo», que ha sido denunciado y que ya cuenta con leyes provinciales para su penalización. En un intento de émulo de un apartado del «Obama Care» de los Estados Unidos, el espíritu parece ser el de transparentar quienes dan y reciben esos «obsequios» a cambio de las recetas a sus pacientes. La norma de salud norteamericana tiene, a continuación un régimen de multas para las compañías o grupos empresarios que omitan informar en detalle el origen de los pagos, si alguien los trianguló y a cambio de qué droga se aceptaron. En la versión porteña, la autoridad de aplicación que es la cartera de Salud, solo estará habilitada a «requerir información adicional» en caso de que no quede conforme con las explicaciones brindadas por los profesionales. En ese Ministerio se delegan las eventuales sanciones para quienes no cumplan con el informe.
Ocaña fundamentó que el proyecto llega para «arrojar luz» sobre esta práctica y en particular, sobre la relación del médico con el paciente que debe velar por su salud. pero a la vez termina por regular lo que desde la AAPM señalaron como «prácticas corruptas» de la industria.
Fuente: ambito.com