A través de una resolución del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), el Gobierno de la Nación decidió ceder a la empresa Starlink, propiedad del magnate de ultraderecha Elon Musk, la conectividad de más de 6.000 escuelas rurales en distintos puntos de nuestro país. La preocupación pasa por que, además de dejar en manos de una empresa privada lo que venía garantizando el Estado, el costo de mantenimiento mensual casi triplica el prestado por medios públicos.
Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Información, aseguró que «es un convenio que nace de una propuesta de la empresa Starlinnk, no del ENACOM, por lo que no es una política pública sino una propuesta de negocios empresarial. La propuesta se formaliza a través de una carta que el ENACOM respondió a los nueve días, a lo que se suma la rareza de que la conectividad en las escuelas corre por parte de las jurisdicciones provinciales. El costo de la conexión fue planteado de forma unilateral por la empresa, y le resulta al Estado más caro que lo que supondría contratar el servicio directo a Starlink por parte de cualquier privado, además de que la conexión es más lenta a la requerida por un establecimiento educativo».
«Todo esto se da mientras ARSAT fue vaciada de cuadros técnicos, hoy tiene una capacidad de gestión disminuida y trabajadores con salarios atrasados. Se detuvo la construcción del tercer satélite y se otorgándole negocios a empresas privadas» Martin Becerra.
En ese sentido, el especialista afirmó que «es una contratación que se hizo a dedo por parte del Estado, asignando un total de $22 millones de dólares de presupuesto estatal sin un mecanismo competitivo, sin que se abra una licitación a distintos oferentes, sin evaluación de la pertinencia de la propuesta, sin analizar que en muchos casos se firmó el convenio en localidades donde ya existen empresas públicas o cooperativas que brinden ese mismo servicio. No hubo ningún mecanismo de transparencia aplicada a la firma de este convenio«.
Finalmente, Becerra planteó que «la solución ofrecida a la cuestión de la conectividad rural es muy cuestionable y problemática, en un contexto donde los sistemas educativos provinciales atraviesan una profunda crisis. Hay provincias con huelgas docentes por los bajos salarios, con infraestructuras atrasadas, y en ese contexto se les agrega un gasto adicional sobre el cual no fueron consultados en ninguna instancia, ya que a los tres años de convenio los costos pasan a cargo de las provincias. Son costos que deberán asumir, porque esto no es un trascendido ni una hipótesis, sino que ya está publicado y es oficial».