Maite Alvado Directora de la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia
Firma de convenio entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo bonaerense - Fuente: Provincia de Buenos Aires.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y la Defensoría del Pueblo bonaerense firmaron el pasado viernes 8 de enero un convenio que busca brindar asesoramiento y apoyo a las instituciones civiles al momento de regularizar y normalizar su funcionamiento. Se tratará de un trabajo conjunto entre la Defensoría y la Dirección de Asociaciones Civiles y Mutuales, dependiente de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia.
Sobre esto se expresó la Directora de la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia, Maite Alvado, quien remarcó al aire de Radio Urbana que desde la gestión «entendemos que el Estado debe ayudar y debe colaborar en la conformación de las asociaciones civiles«.
La iniciativa se suma a la Ley de Asociaciones Civiles y Mutuales, que había sido sancionada en septiembre del año pasado y promulgada en noviembre, que incluye una serie de beneficios impositivos para este sector ante el impacto de la pandemia de COVID-19. Entre ellos se encuentran la aplicación de tarifa cero en el servicio público de agua, gas, electricidad, internet y telefonía para las de bajos recursos y pago por consumo real para el resto mientras dure la emergencia sanitaria.
«Hemos dado un gran paso y avance en la sanción de esta ley», destacó Alvado en el programa Ahí Vamos. Asimismo, adelantó que se está trabajado «con otros organismos como ANSES o PAMI porque es imprescindible llegar a todxs lxs bonaerenses».
Más adelante, se refirió al efecto de la pandemia en las entidades barriales. «La pandemia como nos afecta nosotros afecta también al colectivo de asociaciones civiles». «La pospandemia nos va a encontrar en un punto de encuentro entre vecinxs y estas instituciones«.
En tanto, de la firma del convenio participaron el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos provincial, Julio Alak, el director Provincial de Personas jurídicas, Ariel Giménez; la directora de Asociaciones Civiles, Mutuales y Legal y Técnica, Maite Alvado; y el subsecretario de Planificación, Control de Gestión y Relaciones Institucionales, Carlos Bonicatto.
La iniciativa se suma a la Ley de Asociaciones Civiles y Mutuales, que había sido sancionada en septiembre del año pasado y promulgada en noviembre, que incluye una serie de beneficios impositivos para este sector ante el impacto de la pandemia de COVID-19. Entre ellos se encuentran la aplicación de tarifa cero en el servicio público de agua, gas, electricidad, internet y telefonía para las de bajos recursos y pago por consumo real para el resto mientras dure la emergencia sanitaria.