Francisco Durañona, senador provincial por el Frente de Todos

El día de ayer se comunicó la condena a Cristina Fernández de Kirchner por la denominada Causa Vialidad: recibió 6 años de prisión y la inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos tras ser considerada culpable de administración fraudulenta. Esto no significa que la vicepresidenta efectivamente vaya a prisión o no pueda ser candidata en las próximas elecciones, ya que todavía resta conocer los fundamentos de la condena en marzo del año que viene, y a partir de allí se podrá apelar en los ámbitos correspondientes.

La totalidad de la dirigencia del frente de Todos a nivel local, provincial y nacional se expresó en contra de la resolución, apuntando al carácter político de la sentencia. En comunicación con Radio Urbana, el senador provincial oficialista Francisco ‘Paco’ Durañona afirmó que «es un paso más de toda esta mugre que se ha tirado sobre el peronismo en este momento de la historia argentina. No es la primera vez, se ha conformado un sistema donde no puede haber momentos donde se equilibren las situaciones en favor de los intereses de los sectores populares, un modelo soberano de desarrollo popular».

El senador entiende que la sentencia se trata de una «respuesta violenta y certera, violando todas las garantías del debido proceso, con causas abiertas por el mismo delito, con circos mediáticos para las tapas de medios. Inventaron asociaciones ilícitas imposibles de sostener, incluso por este propio tribunal en una causa tan burda. Tuvieron que sacarla, pero no podían evitar la condena. De hecho tuvieron que reducirla a la mitad. Su gol más importante fue la inhabilitación a ejercer cargos públicos».

Más allá de las cuestiones técnicas que hacen insostenible el proceso judicial, Durañona afirmó que hacer foco en las mismas «podría interpretarse como que hubo una confusión, un error. Acá estamos lejos de entrar en ese análisis. Es muy escandalosa la manera en que se inició la causa y hasta donde llegó, y el perfil de quienes están al frente. Los jueces están eligiendo por sobre la voluntad popular. Todas las encuestas de opinión pública muestran un rechazo masivo a la Justicia, es la institución más rechazada por lejos. Cuando se utilizan diversas herramientas del Estado para amedrentar a facciones políticas particulares, eso se llama terrorismo de Estado«.

¿De qué forma se puede abordar ésta situación? El legislador marcó que «como dirigentes ahora tenemos que dar el paso para resolver esto. Una reforma judicial profunda que dé garantías a la población. Tuvimos varias posibilidades en el momento anterior a 2015 de reformas judiciales. A mi modo de ver estuvieron mal planteadas, exageradas en un contexto donde esta situación no se había visto de tal manera. El 11 de diciembre del 2019 había que ampliar la Corte Suprema. Lo hicieron todos los gobiernos hasta acá. En este momento no fuimos capaces ni siquiera de poder designar un procurador general».

Por último, agregó que «estamos a pocos meses del inicio de un proceso electoral. Entre la agenda que debemos ofrecerle a la Argentina, uno de los ejes centrales debe ser la reforma judicial a encarar. Para cambiar el Poder Judicial claramente hay que arrancar por la Corte Suprema. Hay que establecer federalismo, equidad de género, control de los jueces, garantizar el acceso a la Justicia en todos los territorios. La Argentina del siglo XXI se merece un profundo debate».

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