Más de la mitad de los niños y niñas de nuestro país son pobres. El Instituto Nacional de Estadística y Censo confirmó en 2020 que el 56,3% de los menores de 14 años viven bajo la línea de pobreza y 2 de cada 10 en situación de indigencia.
Este es el marco estadístico que sostiene una de las noticias de la semana: la intensa búsqueda de una niña de Villa Lugano que, con apenas siete años, fue expuesta a todas las violencias a las que se puede someter a una infancia que vive en la calle.
Tres días se sostuvo el foco mediático en la búsqueda, un abanico de conversaciones estallaron y atravesaron desde los síntomas de la pobreza, una piedra de lava hirviendo de responsabilidades otorgadas a familiares directos, hasta el orden trillado -aunque no menos importante- de discusiones sobre el rol del Estado. Porque si algo estalló, una vez más, fue la desidia de todos los organismos y el vacío de políticas públicas para la protección de los más vulnerados.
¿Qué dinámicas funcionan detrás de ese foco mediático?
“Una suerte de estetización de la pobreza”, plantea María Laura Pardo, investigadora de CONICET especializada en el análisis crítico del discurso y las representaciones sociales de la pobreza en los medios de comunicación.
“La cuestión parece pasar por una mezcla de espectáculo que disuelve los temores y culpas sociales y un reconocimiento mediático, plástico, poético de la miseria. Ese reconocimiento asoma como aquel que nos permite reconocernos como lo que somos en esencia: un país muy pobre observado por un grupo de personas de vida más cómoda y holgada que también se reconoce al mirar la miseria pero desde una oposición: yo no soy ese. Allí la pobreza encuentra su punto de articulación social, ser pobre le sirve a la minoría para mirar y saber que no está en ese grupo y sirve al Estado que puede mirar desde un poco más arriba mientras descansa en el territorio del «ojo en el ojo»”, plantea Pardo en su artículo “Cumbia Villera en Argentina: un análisis crítico del discurso de la posmodernidad”.
En ese reconocimiento opuesto a la miseria, en la reafirmación del “yo no soy ese” también operan ambiguamente los casi 700 kilómetros que separan a Bahía Blanca de Villa Lugano y las veinticinco cuadras que separan al Centro de la ciudad de, por ejemplo, Villa Caracol. Cuando la pobreza es narrada a través de un nombre propio y responde al orden moral de la sensibilidad, los kilómetros detrás de una pantalla alcanzan para reconocerla en situaciones aisladas pero anulan la base estructural de un problema que tiene, claramente, una base política, una base económica y sobre todo, tiene protagonistas en una diversidad de escenarios: al mismo tiempo que se anunciaba la aparición de la niña buscada durante tres días, movimientos sociales de todo el país se manifestaron por el acceso a la Tierra, Techo y Trabajo. En nuestra ciudad, incluso, presentaron el proyecto de ordenanza de adhesión a la ley “Tierra Techo y Trabajo” en el Concejo Deliberante.
No se trata de medir con una vara inútil qué pobres valen más y qué pobres valen menos sino de todo lo contrario: en el intento de no hablar por la realidad ajena, problematizar las bases que sí nos colocan en un lugar privilegiado a algunos y en la miseria a otros y sin caer en la corrección política, llegar al tópico tan trillado como necesario que mencionamos al principio, la vieja confiable, el rol del Estado y los diseños de políticas públicas.
¿Qué hace la gestión local?
Bahía Blanca no escapa a los marcos nacionales que ya repasamos y difícilmente encontremos jurisdicción que no esté atravesada por esos niveles de corrosión estructural. Hasta abril del 2020 en Bahía Blanca, por lo menos 90 niños, niñas y adolescentes se encontraban institucionalizados en los cinco hogares proteccionales municipales y el hogar de abrigo provincial. Durante el primer semestre de ese mismo año, claramente atravesado por la pandemia, más de 100 mil personas ya estaban por debajo de la línea de pobreza según INDEC.
El margen de respuesta de la gestión municipal local se grafica en un eje de su organigrama: la Secretaría de Políticas Sociales que contiene al día de hoy la Subsecretaría de Desarrollo Social, la Subsecretaría de Deportes, la Subsecretaría Niñez, Adolescencia y Familia, la Dirección de Adultos Mayores y dos direcciones más de logística y coordinación.
El área ha sido de las más dañadas durante la gestión de Héctor Gay y un buen trazo de ejemplo es el que recorre el ajuste presupuestario: según datos de Gobierno Abierto, en 2016 se presupuestaron $290.775.123 y se registró un gasto de $277.826.902 lo cual indica un porcentaje de subejecución del 4,4%, algo similar ocurre con lo presupuestado en 2017 que se corresponde a un monto de $380.178.272 de los cuales se ejecutó un 5,6% menos.
Durante el primer semestre del 2018 por lo menos 55 mil personas vivían debajo de la línea de pobreza y entre el 21% y el 34% de los menores de 15 años eran pobres, es decir, alrededor de 14.600 chicos. Sin embargo, respecto del gasto en Políticas Sociales de ese mismo año se registra el porcentaje de subejecución más alto de la gestión: de los casi 500 millones de pesos presupuestados se ajustó casi un 17% cuantificado en alrededor de 80 millones de pesos.
En 2019 -año electoral- poniendo la vara muy baja, la tendencia parece revertirse dado que el porcentaje de subejecución llegó casi al 3%, sin embargo, en 2020 se repite la dinámica: de $949.275.362 se ajustó un 8,3% equivalente a poco más de 79 millones de pesos. Es decir que, aún en un año atravesado por la pandemia y la consecuente profundización de las desigualdades, nuevamente Políticas Sociales sufrió recortes.
Como hemos planteado en varias oportunidades, lo que un presupuesto demuestra es el compromiso político de las autoridades de gestión respecto de las diferentes realidades. Ninguno de los cimientos de los problemas estructurales se mueven sin la confección de una agenda que, más allá de las conversaciones, trascienda sobre la vida de quienes más sufren.