PLAINI, HISTÓRICO ALIADO DE MOYANO Y ENFRENTADO AL GRUPO CLARÍN.
Lo dispuso la Justicia federal en una causa por presunta falsificación de documentos en la última elección del sindicato, alineado con Cristina de Kirchner.
El sindicato de Canillitas se convirtió ayer en el cuarto intervenido en el actual Gobierno. Lo resolvió la Justicia federal en una causa en la que el dirigente Omar Plaini fue además procesado por «Falsificación de documento público» tras la denuncia de sus opositores por supuestas irregularidades administrativas en las elecciones internas de 2013. El gremio de los vendedores de diarios (Sivendia), que durante años rivalizó con el grupo Clarín, se integró así a un grupo que integran el Sindicato de Obreros Marítimos (SOMU), el de personal de seguridad privada (UPSRA) y el de azucareros (FEIA). La salvedad es que en UPSRA y FEIA la Justicia laboral revocó las intervenciones administrativas dispuestas por el Ministerio de Trabajo.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso ayer el procesamiento sin prisión preventiva de Plaini, que es diputado nacional, así como un allanamiento por la mañana para efectivizar la intervención. Recién pasadas las 20 las fuerzas de seguridad pudieron quedar a cargo del edificio del sindicato, en el barrio de San Cristóbal, tras desalojar al dirigente y a sus colaboradores. Plaini, históricamente asociado a Hugo Moyano en la CGT, denunció una «persecución política» que ligó a su respaldo a Cristina de Kirchner.
La CGT y otros estamentos del sindicalismo tradicional reaccionaron ante la resolución judicial. A través de un comunicado la central rechazó la medida y alegó que la causa que se le sigue a Plaini «esconde tras de sí objetivos políticos y, especialmente, persecución gremial por parte del Gobierno nacional». «El inmiscuirse en la vida interna del gremio por parte de un juzgado federal enarbolando incumplimiento de la ley de Asociaciones Profesionales no sólo está fuera de su órbita de acción sino que ejerce violencia institucional sobre la representatividad de los trabajadores canillitas que eligieron sus autoridades en el marco de la ley que los regula», agregó el texto.
En esa línea denunció un «ataque a la institucionalidad sindical» y «al modelo de representatividad de los trabajadores argentinos» al tiempo que prometió denunciarlo ante la Organización Internacional del Trabajo. La Juventud Sindical se alineó al mismo repudio.
En la CGT ya había clima caldeado con el Gobierno a partir de las reiteradas intervenciones de Mauricio Macri acerca de la presunta «mafia» que rodea el sindicalismo. La inquietud se cristalizó en los avances oficiales contra los juicios laborales y los intentos por cercar a los gremios docentes en la todavía no resuelta paritaria del sector, entre otros casos.
De Giorgi ordenó la intervención tras haber realizado dos meses atrás un allanamiento en la sede del gremio, y una vez que la Cámara federal rechazó la semana pasada los planteos de Plaini para anular la causa en su contra. El magistrado, a partir de la normativa vigente, instruyó a la cartera laboral para el nombramiento de un interventor. «Lo único que no puede alegar Plaíni es sorpresa por esta decisión. Era el único camino que había tras constatar que habían sido falsificados los documentos» de la asamblea que desembocó en la última elección en el gremio, le dijo anoche Martínez de Giorgi a este diario.
El juez detalló que en su investigación encontró «personas muertas» entre los afiliados que supuestamente habían participado de esa asamblea así como «no más de seis puños ejecutores» en las cerca de 300 firmas de esa acta formal. Es decir, una aparente adulteración, tal como habían denunciado los opositores a Plaíni, más allá de que luego desistieron de su demanda.
Fuente: ambito.com