El Poder Judicial concretó el primer paso de una avanzada, casi un contragolpe, contra la intención de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de establecer si el longevo juez de la Corte Suprema Carlos Fayt está en condiciones psicofísicas de seguir desempeñando el cargo. Abroquelado en torno a Fayt, el juez federal Julián Ercolini, a instancias del fiscal Carlos Stornelli, dio los primeros pasos en la causa promovida por la ONG «Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional», encabezada por el abogado José Mangiocalda, adelantó Tiempo Argentino.
El juzgado de Ercolini tiene mucho trabajo; una de las causas más emblemáticas que tramitan allí es la de la transferencia de acciones de la empresa Papel Prensa del Grupo Graiver a los accionistas privados Clarín, La Nación, La Razón y el socio minoritario, el Estado nacional. Allí espera un demorado peritaje económico, previo a resolver si llamará a indagatorias (pedidas por un fiscal) de los principales referentes de esas empresas.
Al mismo tiempo, el abogado Ricardo Monner Sans –al igual que Mangiocalda, un trajinador de denuncias en Comodoro Py 2002– presentó una nueva denuncia, que tiene por imputados a la presidenta de la comisión de Juicio Político, Anabel Fernández Sagasti, y a los otros 16 legisladores que aprobaron comenzar la investigación sobre la salud de Fayt.
La causa ya lanzada y la nueva denuncia se producen en un momento muy particular: después del traqueteo personal y mediático a que estuvo sometido Fayt, parece haber recobrado fuerzas. Los propios secretarios letrados que le llevan los expedientes a su casa cuando no concurre a Tribunales se sorprenden porque lo ven hoy mucho más activo y lúcido que hace dos meses, cuando prácticamente no pisaba el edificio judicial de Talcahuano 550.
Tanto la denuncia de Mangiocalda cuanto la de Monner Sans apuntan a los delitos de «incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad».
«La apertura de un proceso investigativo por parte de la comisión de Juicio Político contra el ministro Fayt, con fundamento en su avanzada edad, constituye una vulneración del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, que en su artículo 90 establece claramente cuál es la competencia de la citada comisión… Está claro que no estamos frente a la apertura de una causa y está claro, también, que el mero pedido de medidas de prueba con fundamento en que el juez Fayt posee una edad avanzada que podría derivar en ‘mal desempeño’ no constituye, tampoco, una denuncia o una queja»”, sostiene la denuncia de Mangiocalda.
La presentación también acusa al oficialismo de atacar al magistrado con «grado de perversidad». Y subraya: «Dice ahora estar preocupado por la salud psicofísica de éste, y abre, en función de esta falsa preocupación, un proceso investigativo en el Parlamento de nuestra sufrida República.»
Monner Sans, por su parte, advirtió que «algunos diputados integrantes de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados han recurrido a la doblemente extraña conformación de una suerte de subcomisión cuya misión parece ser la de procurar antecedentes y colectar una suerte de prueba respecto de las aptitudes de un Ministro de la Corte. En buen romance, habría comenzado un juicio político encubierto e inconstitucional.» «Quiero creer que aquel conjetural avasallamiento no será posible», proclamó el abogado.
La causa de Monner Sans quedó radicada ante el juez federal Daniel Rafecas, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita. En la otra, el juez Ercolini le solicitó a la comisión de Juicio Político los antecedentes de cómo se inició el proceso investigativo contra Fayt.
Fuente: Infonews