Desde la diputada por el GEN, Margarita Stolbizer a la Unicef, pasando por la Correpi, entre otros, analizaron la propuesta que hizo el ministro de Justicia, Germán Garavano.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, reveló que el Gobierno busca bajar la edad de la imputabilidad porque «hay una situación en la franja de los 15 años» que «debe ser abordada abordada por la ley, pero en base a consensos con Unicef y todo el arco político”. Sin embargo, algunos políticos, ONGs y organismos internacionales salieron al cruce del proyecto.
La diputada nacional y líder del GEN, Margarita Stolbizer, se mostró contraria a bajar la edad de imputabilidad de los menores a 14 años, como analiza el Gobierno, y señaló que «hubiera querido escuchar al Presidente proponiendo un cambio en la educación para que los menores tengan un mejor futuro».
La legisladora señaló que «el promedio de edad de abandono de la escuela es a los 14 años, entonces lo que nos debe preocupar es qué hacer para que un chico de esa edad no abandone la escuela».
Sin embargo, Stolbizer recordó que el actual régimen penal juvenil debe modificarse, y recordó que ella tiene un proyecto al respecto que el kirchnerismo nunca trató.
A su vez, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) reclamó cambiar «el carácter clasista del sistema judicial», en vez de impulsar iniciativas que bajen la edad de imputabilidad de los menores.
En un comunicado, la Correpi subrayó: «Nos quieren imponer un falso debate legislativo, escondiendo detrás de la biblioteca los cadáveres de miles de pobres. No quieren que veamos que, mientras se mantenga el carácter clasista del sistema judicial y de todo el aparato estatal, los niños pobres seguirán muriendo en los reformatorios».
La Coordinadora destacó que «con las actuales leyes vigentes, ningún pibe, culpable o inocente, es impune si es pobre». Y especificó: «Si tiene más de 16 años, va a juicio como cualquiera, sólo que lo juzga un tribunal que tiene un cartelito en la puerta que dice ‘Menores’ y, en lugar de ir a una cárcel, va a un instituto, como el Rocca, el San Martín o el Belgrano, donde el mismo cartelito es la única diferencia».
La Unicef, mencionada por Garavano como interlocutor en la modificación de la imputabilidad, admitió la necesidad de rediscutir el régimen penal de menores pero se pronunció en contra de bajar la edad de imputabilidad, al considerar que se daría «un paso atrás» en lo que refiere a protección de los derechos de los niños y jóvenes, y no se estarían respetando los estándares internacionales.
«La normativa vigente es incompatible con los derechos de los niños. Se trata de una ley elaborada durante la dictadura, de corte tutorial, que es necesario modificar», dijo la oficial nacional de Protección y Acceso a la Justicia de Unicef, María Angeles Misuraca.
Consideró, incluso, que cuando se establecen penas para los jóvenes puede primar en los jueces la creatividad necesaria como para que dicten «buenos fallos», que piensen soluciones acordes y no recurran sólo a la privación de la libertad.
Según Misuraca, «el eje de la justicia penal infantil debe ser la prevención, y alejada de la ley penal», respetando con esto también la Convención Internacional de los derechos el Niño, que, además, en Argentina, como en tantos otros países, tiene alcance constitucional.
Otro que se pronunció sobre el proyecto del Gobienro fue el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Lipera, quien se mostró «de acuerdo» con la idea de bajar la edad de imputabilidad de los menores de 16 a 14 años y explicó que, si bien «no es lo mismo un chico de 14 hoy que hace 30 años», estimó que «debe ser un punto dentro de un conjunto de medidas».
«Un menor que va a un instituto reformatorio sale peor, ahí lo preparan para delinquir más», por lo que pidió que se trate como parte de una reforma más integral.
«Como el Estado incurre en desigualdad a la hora de fijar los tipos penales, sólo pueden ir presos las personas pobres que cometen delitos, de manera que el juez cumple la función de igualar la desigualdad que establece el legislador, incumpliendo la ley y dejando al delincuente en la calle», afirmó.
A su vez, el ex viceministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, recordó hoy que «no dio resultado» bajar la edad de imputabilidad de los menores que cometen delitos de 16 a 14 años en los países donde se aplicó; y advirtió que si no se hace una reforma «integral del sistema» con soluciones a las «adicciones y al hacinamiento en los institutos» cada vez habrá «más chicos presos que perfeccionarán» su accionar delictivo.
El dirigente del Frente Renovador recordó que «la baja de la edad no ha dado resultado en los países donde se implementó» lo que se «suma a que el problema en Argentina es complejo porque los institutos de menores funcionan realmente mal».
«Donde tiene que haber 110 chicos hay 180, con lo cual todo se agrava. Además, tenemos el régimen penal juvenil que también funciona erróneamente, por lo que en este contexto, tratar solo la baja de la edad, es un error grave», ejemplificó.
El ex funcionario de Desarrollo Social añadió que «los menores cometen sólo el 5 por ciento de los delitos graves» los que «son en general más violentos y más mediáticos porque son más impactantes. Pero el problema central, es que no tenemos un sistema integral y la inseguridad excede a la situación de los jóvenes», precisó.
Fuente: infonews.com