Continúa el conflicto abierto en las universidades nacionales, al cumplirse ya 280 días de la aprobación en el Congreso de la Nación de la Ley de Financiamiento Universitario, la cual jamás fue aplicada por el Gobierno de Javier Milei. En ese sentido, el Consejo Interuniversitario Nacional, conformado por rectores de diferentes universidades, llegó a un acuerdo para el aumento de los salarios docentes y no docentes, que no termina de representar el total de lo estipulado por ley.
Daniel Vega, rector de la UNS, explicó que «estamos muy preocupados por el sostenido rechazo a aplicar la ley. Creíamos que después del fallo de la Corte Suprema íbamos a tener buenas noticias, pero la cautelar sigue sin cumplirse y la ley sin aplicarse. La Justicia tampoco nos está dando respuestas, y el esfuerzo continúa haciendo su mayor esfuerzo para no cumplir la ley, algo inédito en la historia de nuestro país. El Ejecutivo decide no cumplir con una ley aprobada por el Congreso, y la sensación es que no está pasando nada».
«La Justicia aclaró que el acuerdo firmado no afecta en nada a lo que está estipulado en la Ley de Financiamiento, y no exime al Gobierno nacional de tener que cumplirla» Daniel Vega.
En ese sentido, el rector agregó que «cabe aclarar que hace más de dos años venimos reclamando diálogo con los interlocutores del Gobierno nacional, el cual era nulo. Bajo esas condiciones era imposible encontrar un camino de solución, mientras no había ninguna convocatoria de paritarias. Lo que sucedió en ese marco con el Consejo Interuniversitario Nacional fue un facilitador, donde los gremios firmaron un acuerdo paritario, una posibilidad de diálogo. Sabemos que el acuerdo es insuficiente y no cumple con las obligaciones de la ley, pero es un poco de oxígeno para la situación crítica que se está atravesando».
Por último, Vega destacó que «la presión que se ejerció fue importante para lograr este acuerdo, pero en principio el problema sigue siendo la inacción de la Justicia. Han pasado muchas cosas sorprendentes en este camino del Poder Judicial, y uno esperaría que los plazos se resuelvan en otros tiempos, entendiendo la magnitud que ha tomado este problema. Igualmente, es importante aclarar que la Justicia nos ha dado la razón en que la firma de este acuerdo no afecta en nada lo que está establecido en la cautelar, ni exime de responsabilidades al Gobierno para que cumpla con la Ley de Financiamiento».
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