Hoy va a ser tratado en el Senado de la Nación, entre otras cuestiones, el proyecto de modificación de la Ley Penal Juvenil, que entre sus puntos más destacados incluye una baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. Según explican desde el Ministerio de Seguridad nacional, la medida se justifica en un supuesto aumento de la delictividad juvenil, así como también de su participación en delitos graves y/o violentos.
Natalia Giombi, titular del juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2, expresó que «todos los puntos de la reforma son regresivos conforme al estado actual de la normativa, incluso siendo ésta redactada bajo un Gobierno de facto. Es una ley perjudicial tanto para los imputados como para toda la sociedad en su conjunto. Además, es un régimen que nos preocupa mucho, incluso más allá de la cuestión de la edad de imputabilidad que es la última a analizar. No solo es regresivo, sino que además deja abiertos planteos de inconstitucionalidad por el corrimiento del Estado argentino a derechos que debe garantizar».
«Estadísticamente es falaz que haya crecido el aumento de delitos de adolescentes. En Bahía Blanca puntualmente, es muy baja la incidencia de delito en jóvenes, y en su mayoría se trata de delitos contra la propiedad» Natalia Giombi.
En ese sentido, la jueza fue categórica: «La solución no está en bajar la edad de punibilidad. Hoy existen muchos chicos de 15 años en la Provincia que están privados de su libertad, y eso no soluciona ninguna situación. Hoy los centros donde esto se lleva a cabo no tienen personal suficiente, los chicos en muchos casos no tienen familias para ofrecer una alternativa, y tenemos escases de recursos para trabajar con las víctimas. Los chicos en muchos casos cumplen sus condenas y vuelven a la comunidad, por lo que evitar estas conductas requiere de un trabajo profundo».
Estadísticamente, Giombi aseguró que «la mayoría de los casos de delito adolescentes sucede en contextos donde tanto víctima como victimario son niños; la condición de vulnerabilidad por la edad se plantea en ambos extremos. Por ello, la resolución de estos casos es mucho más compleja de lo que puede depender de esta ley. No sé si los gobernadores advierten las dificultades a la hora de implementar este régimen. Se están perdiendo muchas cosas de vista en el debate».