Más de 18 mil personas de Bahía Blanca se encuentran bajo inseguridad alimentaria de moderada a severa. Se trata de un universo que representa un 15% de los habitantes que no llegan a cumplir con los alimentos básicos, de acuerdo a un relevamiento realizado por el Observatorio de Derecho a la Alimentación de la UNS.
Quien formó parte de la elaboración del informe fue Guillermo Garay Semper, abogado y director del observatorio, que aportó al aire de Total Normalidad nociones básicas sobre este derecho: «Forma parte de un conglomerado de derechos que nos permite abordar la multidimensionalidad de los problemas».
Cualquier grupo vulnerabilizado tiene un problema de derecho de alimentacion.
Los espacios de asistencia en los barrios (merenderos, comedores) fueron uno de los pilares que aborda el relevamiento del observatorio: «La terminologia comedores y merenderos genera ruido porque allí se hacen muchas más cosas que dar de comer; cumplen una función social enorme y el reconocimiento por su comunidad también lo es».
El informe abarcó 70 de estos espacios, en donde se encontraron 420 trabajadoras (83% mujeres).
En esa línea, mencionó la importancia de entender la relación del concepto con demás problemáticas sociales. «La vida no tiene los problemas en cajas separadas. El derecho a la alimentacion permite entender por qué los problemas se interrelacionan», aseguró.
Asimismo, concluyó en la idea del rol de los Estados como diseñadores de políticas públicas que permitan abordar estas complejidades. «El problema de fondo son las desigualdades estrcuturales; y no se puede alienar la politica publica entre la persona que la diseña y la que la recibe», consideró Semper.