Mientras Moyano avanza con su marcha del 21, los funcionarios de Salud y Trabajo evalúan con sindicalistas afines destrabar fondos comprometidos.
La negociación abierta entre los gremios dialoguistas y el Gobierno incluye el destino de 5.000 millones de pesos que la administración de Mauricio Macri mantiene congelados con una estrategia similar a la que aplicaba Cristina de Kirchner. La posible liberación de esos recursos será uno de los ejes de un encuentro que mantendrá esta semana parte del Gabinete con sindicalistas de la CGT que no respaldan la marcha de Hugo Moyano y sus aliados pautada para el 21 de febrero.
El dinero permanece paralizado y en aumento -por intereses- desde que en agosto de 2016 Macri alcanzó un acuerdo global con el sindicalismo peronista para darle salida a unos 30 mil millones de pesos que la gestión anterior había acumulado y que sólo entregaba en cuentagotas de acuerdo a la agenda política de cada momento con la CGT. De ese total una de las discusiones hoy entre el Ejecutivo y la dirigencia gremial pasa por un fondo retenido que debía tener como objeto la cobertura de emergencias de las obras sociales o bien emprendimientos edilicios. También se libra una puja por el posible rebalanceo de los subsidios que distribuye la Superintendencia de Salud (SSS), de los que el Gobierno planea un recorte abrupto y compensaciones sólo parciales.
Los equipos técnicos de la CGT se reunirán mañana con funcionarios del Ministerio de Salud y de la SSS como paso previo a un encuentro de carácter político. En esa nueva instancia, quizás esta misma semana, se prevé la concurrencia de los ministros Adolfo Rubinstein (Salud) y Jorge Triaca (Trabajo) y del superintendente, Sandro Taricco. Por el lado sindical estarán José Luis Lingeri (Obras Sanitarias, el mayor referente de la CGT en obras sociales), Gerardo Martínez (albañiles, UOCRA), ambos del segmento de los denominados «independientes» con buen diálogo con el oficialismo, y Armando Cavalieri (Comercio) y Héctor Daer (Sanidad) por los «gordos» de los grandes gremios de servicios.
Los mismos interlocutores habían estado reunidos la semana pasada en Sanidad para darle forma a ese debate en paralelo con la instancia de confrontación abierta entre Moyano y el Ejecutivo, que tendrá como corolario la protesta del 21 de este mes. De hecho, un inminente rebalanceo de los subsidios a las prestadoras de salud de los gremios podrá beneficiar a las de los «gordos» o «independientes» en desmedro de otras como la del camionero.
Del debate integral por los recursos se destaca un ítem: se trata de $ 4.500 millones que, según el acuerdo anunciado en agosto de 2016, debían ser destinados a brindar «asistencia financiera a las obras sociales, por ejemplo ante situaciones de epidemias, programas de prevención aprobados por la Superintendencia (de Salud), adquisición o remodelación de efectores propios». Ese monto, que actualizado por intereses supera los a 5.000 millones de pesos, quedó sin ejecución alguna según coinciden funcionarios y sindicalistas.
Esa falta de pago, que para los gremios obedece al interés del Gobierno en someter la distribución a un nuevo acuerdo político con la CGT al estilo de los que encaraba la administración anterior- tiene una explicación diferente para los funcionarios: alegan que Macri prefiere supeditar su entrega a la redefinición de un sistema de salud federal integrado con parámetros consolidados para obras sociales y prepagas, de modo tal de evitar un uso discrecional y desbalanceado de los fondos. Sin embargo, los negociadores del Gobierno reconocen que la actual instancia de diálogo con sectores de la CGT contempla el destino de ese dinero.
También negociarán sobre la base de un recorte que planea la SSS sobre el Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), que alcanza unos $ 1.000 millones mensuales y consume 40% de la recaudación del organismo encargado de distribuir fondos entre las prestadoras gremiales. Cerca de Taricco confirmaron la intención de reducir esos desembolsos con el argumento de que la Superintendencia tras años de superávit- entró en rojo por la decisión política de distribuir toda su recaudación y de pagar de forma automática los tratamientos por discapacidad que antes se devolvían mediante reintegros.
Como parte de la misma tratativa el Gobierno ofrecerá subir los pagos de otros subsidios como el SANO (para cubrir el costo del Programa Médico Obligatorio a los afiliados con menores recursos de las obras sociales) y el Suma70, orientado a la población de jubilados.
Fuente: ambito.com