Gustavo Lleral retomó la instrucción de la causa en la que se investiga la desaparición forzada. “Tenemos que investigar hechos, la existencia de esos hechos, quiénes los cometieron y ver si esas acciones fueron un delito”, explicó en diálogo con Página|12.
Las mentiras y las operaciones políticas y mediáticas tienen patas cortas. Desde el primer momento de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el gobierno nacional ocultó información sobre los movimientos de la Gendarmería y plantó pistas falsas como la del “puestero de Epuyen”. Todo eso tuvo por objetivo retrasar una investigación seria por los hechos ocurridos dentro de la Pu Lof en Resistencia Cushamen. La última operación política y mediática tuvo que ver con supuestas contradicciones en la declaración de un integrante de esa comunidad y un llamado misterioso con la pretensión de cobrar una recompensaba millonaria, teoría avalada por el Gobierno. En una entrevista con PáginaI12, el juez Gustavo Lleral desmintió la existencia de una declaración del llamado testigo E o llamado alguno que aportara información clave para realizar el rastrillaje que finalizó con el hallazgo del cuerpo de Santiago Maldonado. Lleral también retomó la instrucción de la causa en la que se investiga la desaparición forzada, y confirmó a este diario que está investigando el contexto (la represión) en que sucedió la muerte de Santiago y los hechos delictivos que pudieron cometerse el 1º de agosto.
Página|12 dialogó con Lleral en su despacho, un pequeño espacio cedido por el Juzgado Federal de Esquel. Todas las mañanas, cerca de las 7, cinco efectivos de la federal ingresan al edificio ubicado en la calle 25 de mayo y San Martín, con sus bastones, cascos, chalecos antibala, para custodiar los pasillos del edificio. El magistrado llegó ayer al juzgado cerca de las 7.30 de la mañana y atendió a este diario dos horas después.
-El día de la autopsia usted mencionó la inexistencia de heridas visibles pero también sostuvo que estaba ante un delito grave. ¿A qué se refirió?- le preguntó PáginaI12.
-Se comprende e investiga todo el contexto. Estamos ante un hecho grave. Tenemos que investigar hechos, la existencia de esos hechos, quiénes los cometieron y ver si esas acciones fueron un delito-, aseveró el magistrado.
El contexto es clave para comprender lo que sucedió con Santiago Maldonado. La mayor parte del esfuerzo del Gobierno nacional estuvo abocado a sostener que Santiago nunca había estado en el lugar de la represión. La teoría del “puestero de Epuyen” -que indicaba que Santiago había sido herido el 21 de julio por un puestero de Benetton- iba en ese sentido. Sin embargo, la Gendarmería tenía en su poder desde el minuto cero la última imagen con vida de Santiago. A las 11.32 se lo ve en una secuencia de imágenes tomadas por los uniformados huyendo de las balas de Gendarmería. Quien estaba disparando era Aníbal Cardozo, acompañado por Orlando Yucra, ambos dentro del territorio. Un minuto después, los uniformados ya habían comenzado la cacería.
Según la declaración testimonial de Matías Santana -clave en la descripción de los hechos- Santiago llegó al río, avanzó y al no poder continuar, retrocedió. Cuando lo hizo, detrás se encontró con los gendarmes que disparaban (Darío Zoilán) y otros tiraban piedras. Martín Ahumada (chofer de la Ford Ranger OLW 237) gritaba “¡alto!” y otros gendarmes amagaron con tirarse al río, según se desprende de las testimoniales de los uniformados.
-El gobierno plantó pistas falsas como la del puestero de Epuyen a través de Gonzalo Cané (Secretario Coordinador con los Poderes Judiciales) y ocultó información desde el primer momento. ¿Todo esto sirvió para retrasar la investigación?-, consultó este diario a Lleral.
-En el habeas corpus tomé la decisión de, primero ordenar la información que se recibía, y segundo, ver que todo organismo del Estado, incluido el Ministerio de Seguridad, sólo debía informarme a mí y no el juzgado informarle a ellos. Y dispuse que la Gendarmería no fuera parte del expediente.
En este contexto, Lleral decidió reasumir la investigación del expediente 8232/2017 (Desaparición Forzada), delegado hasta el momento en la fiscal Silvina Ávila. “Dicha medida resulta de trascendental importancia para el curso de la presente investigación, lo cual exige de una labor jurisdiccional que procure denodadamente alcanzar la verdad de lo efectivamente acaecido”, sostuvo el magistrado en su cédula de notificación.
Una vez que finalice de ordenar la información en el expediente de habeas corpus, el magistrado deberá decidir las medidas de prueba que ya fueron solicitadas por la fiscalía, como por ejemplo el cruce de las llamadas realizadas por Pablo Noceti, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, con los responsables del operativo del 1º de agosto; la geolocalización de los teléfonos utilizados por los uniformados; y la reconstrucción -en el territorio- de la represión del primero de agosto.
La llamada que no fue
“No declaró ningún testigo E ni de ninguna otra letra del abecedario. Tampoco recibí ningún dato certero para hacer el rastrillaje. Si hubiese tenido un dato certero no habría puesto en riesgo a los bomberos ni los prefectos, lo habría ido a buscar directamente”, aseveró Lleral de manera contundente en diálogo con PáginaI12.
El juez tomó la decisión de rastrillar por tres razones: tenía el pedido de la fiscalía (y la Procuraduría de Violencia Institucional), una declaración del prefecto Leandro Ruata y las testimoniales que ya estaban dentro del expediente como así también las registradas por él durante su visita a la Pu Lof, el 4 de octubre.
“Las testimoniales no fueron repreguntadas debidamente”, sostuvo también 12 Lleral. Ni el ex juez de la causa, Guido Otranto, ni la fiscal Ávila fueron muy adeptos de creer en los testimonios de la comunidad. Por otro lado, Ruata ya había participado de los otros rastrillajes.
Una pregunta que queda pendiente es el rol que tuvo la imputación de Echazú para acelerar el rastrillaje. Dicha imputación quedó en evidencia en un comunicado de prensa emitido por la fiscalía el 17 de octubre, el mismo día en que se encontró sin vida a Santiago Maldonado. Cuatro días antes, el 13 de octubre, Gendarmería había quedado excluida del habeas corpus. ¿Habrá sido una casualidad que el mismo viernes 13 el juez Lleral firmó la resolución para realizar el rastrillaje sobre el Río Chubut, incluida una orden de allanamiento sobre la Estancia Leleque?
Fuente: pagina12.com.ar