En una las paredes del despacho del viceministro de Justicia, Julián Álvarez, se puede ver un rompecabezas de tres mil piezas con el cielorraso de la Capilla Sixtina. Protegido por un vidrio y enmarcado como si fuera una pintura, el juego parece completo. Sin embargo, al observarlo de cerca se descubre un hueco: falta una pieza. El dirigente de La Cámpora y precandidato a intendente de Lanús suele desafiar a buena parte de sus invitados a descubrir dónde está el faltante. Durante esta entrevista con Tiempo Argentino, tras la aprobación del paquete de leyes que regulan la implementación del Código Procesal Penal, Álvarez utiliza su rompecabezas para explicar lo que considera como uno de los grandes logros del kirchnerismo: que logró hacer más visible al poder corporativo.
“Esa ficha que falta, cuando la ves, no podés dejar de verla nunca más. Si hay una característica de este proceso histórico es que nos mostró dónde están y cuáles son todas las fichas que faltan. Y la sociedad, a partir de ahora, ya no puede dejar de verlas”, comenta el funcionario a modo de metáfora. En el reportaje, Álvarez define como “gigante” el avance normativo dado por la creación de los Códigos Civil y Comercial y Procesal Penal; cuestiona al juez Julián Ercolini por haber dado curso a una denuncia contra la diputada Anabel Fernández Sagasti (FpV) en su investigación sobre la idoneidad de Carlos Fayt . «Es una barbaridad. La Comisión de juicio político tiene como una de sus atribuciones determinar si un magistrado incurre en mal desempeño, y una de las razones puede ser la falta de idoneidad, en lo psicofísico», argumenta; y vuelve a advertir sobre “la crisis institucional muy importante” en la que ve sumergida a la Corte Suprema.
-El diario La Nación dijo que el paquete de seis leyes que instrumenta el Código Procesal Penal responde al objetivo de un gobierno saliente que quiere resguardar a sus funcionarios.
-Es una barbaridad. Hablan de ‘blindaje’ o de pacto.
-Con los jueces federales…
-Sí. La Nación, de una forma más formal, y Clarín, más desfachatado, siguen siempre una misma línea. Cuando el Consejo de la Magistratura no funcionaba, decían que el gobierno quería paralizar a la Justicia a través de la inactividad del Consejo de la Magistratura; cuando el Consejo empieza a funcionar y designamos jueces, el gobierno quería copar la Justicia. El año pasado, tras un par de llamados a indagatoria, el gobierno estaba jaqueado por la Justicia. Es absurdo. Y cuando no pasa lo que ellos quieren, como con la denuncia de (Alberto) Nisman, hay un pacto o blindaje judicial. Es todo lo contrario. Este gobierno logró, después de 35 años, sancionar un Código Procesal Penal. Todos sabemos por qué no se pudo antes. Por los intereses que rompía. ¿Cuáles? Los de los jueces, que aparte de tomar decisiones realizaban las investigaciones. Desde ayer (por el miércoles), en que se acordó el Código Procesal Penal, la Argentina tiene una deuda menos con el sistema democrático.
-¿Y por qué no se aplica en todas las áreas de la Justicia? La oposición cuestiona que se aplique en la Justicia Criminal Ordinaria de la Capital Federal pero no en los juzgados federales, que tienen causas sensibles para el gobierno.
-Si nosotros hubiésemos decidido aplicarlo a la Justicia Federal habrían dicho que para garantizar impunidad el gobierno aplica el nuevo Código Procesal Penal en la Justicia Federal. Porque supuestamente se le da poder a los fiscales del oficialismo. No. Se empieza por aplicar en el lugar de mayor relevancia, que es donde suceden los delitos comunes en mayor cantidad de habitantes. Y en Argentina esos delitos suceden en la Capital. Y después, con esa experiencia, gradualmente, se aplicará en cada una de las 24 Cámaras federales. Es lo que dice la ley. Se cambia el organigrama de todo el Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, para dejarlo preparado, y se deja un lapso para que se pueda capacitar y empezar a instrumentarlo. Por eso, la implementación no es el 1º de agosto sino el 1º de marzo de 2016. Así que se corresponderá no con este gobierno, sino con el próximo.
-Los opositores dicen que el régimen de subrogancias está preparado para que haya funcionarios judiciales más afines al oficialismo.
-Es la misma oposición que no se prestó a votar el Código Civil y Comercial unificado, habiendo participado y promovido 300 modificaciones; es la misma oposición que introdujo un montón de modificaciones en este Código Procesal, tanto en la implementación como en el propio texto, y después no lo votan. Es así. Lo hacen porque estamos en un año electoral. Y la estrategia de ellos es mostrarse opositores por la oposición misma. Pero al final pagan un costo, porque la sociedad no termina acompañando a quienes se oponen por oponer. Y mientras tanto la Argentina está realizando una transformación histórica de la Justicia, correspondiente al siglo XXI. El 1º de agosto comienza a funcionar el Código Civil y Comercial unificado, el 1º de marzo de 2016 comienza a funcionar el Código Procesal Penal. ¡Gigante! Se ha modificado la columna vertebral del Derecho argentino. Y eso tiene que resultar necesariamente en un mejor servicio de Justicia. Este nuevo Código Procesal Penal es el fin de la chicana judicial. Es el fin de lo que más molesta del sistema judicial, la dilación.
-¿Y con la justicia federal qué va a pasar? Porque allí la aplicación está suspendida…
-Bueno, el sistema es gradual. Hay 24 Cámaras federales en todo el país y se va a aplicar gradualmente en cada una de estas Cámaras. La realidad es que todo el sistema de justicia está teniendo una fuerte transformación, incluso el sistema de justicia federal.
-En este escenario, ¿puede prosperar la idea de ampliar la Corte a su composición de 7 miembros?
-Y, yo creo que estamos ante una crisis institucional muy importante del máximo tribunal de justicia de la Argentina. Porque está no integrado, la oposición no quiere tratar el pliego de quien, por manda constitucional, envió la presidenta de la Nación (por Roberto Carlés) en el plazo que tenía, y encima tenemos un juez cuestionado en su idoneidad. Estamos ante una situación de gravedad.
-¿O sea que no descarta que en lo que resta del mandato de CFK se impulse la ampliación a siete miembros?
-Yo lo que no descarto es que la Corte se tiene que integrar. Hoy hay una ley que dice que el tribunal tiene que ser de cinco miembros. Y eso no está cumpliéndose. Después los legisladores tendrán que evaluar cómo funciona mejor.
Fuente: Infonews