• SERÍAN UNOS U$S 500 M MÁS.
• DEPENDE DEL LEVANTAMIENTO DE LA LEY CERROJO.
• EL OBJETIVO AHORA: EL «GRUPO VARELA».
Mientras la Argentina logró ayer que el primer fondo buitre de «tercera generación» aceptara la propuesta oficial para terminar con el «juicio del siglo», Daniel Pollack dejó por primera vez por escrito que si bien está entusiasmado con la posición del Gobierno de Mauricio Macri, el acuerdo debe tener dos condiciones innegociables: que el Congreso apruebe el levantamiento de la ley cerrojo y que el país cumpla con todas las condiciones que aplique el juez Thomas Griesa.
El acreedor que aceptó la opción de cobrar el 100% del capital de la deuda más el 3% de intereses anuales es el que encabeza el inversionista Henry Brecher, que encabeza una denominada «Acción Colectiva» por aproximadamente 96 millones de dólares; y militaba dentro de los últimos bonistas que se habían acercado al juzgado de Griesa con bonos impagos en su poder. Se los calificó de «tercera generación» por no estar dentro de los primeros acreedores que ganaron el juicio en diciembre de 2012, ni entre los «me too» que habilitó Griesa el año pasado. La esperanza oficial, avalada por Pollack a partir de la conversación particular que tuvieron ayer los representantes de Brecher en el bufete del «Special Master», es que su ingreso sea la vanguardia de otras aceptaciones de grupos de «acción colectiva», por unos u$s 600 millones, llevando los niveles de aval a más de u$s 1.500 millones. Brecher se convirtió así en el sexto bonista que acepta la propuesta, después del EM Dart, el Montreaux, Los Angeles Capital, Cordoba Capital y el Wilton. En la otra vereda se mantienen, por ahora, el Elliott de Paul Singer, el Aurelius de Mark Brodsky, el Olifant y el Blue Angel. La estrategia ahora del secretario de Finanzas, Luis Caputo, es poder obtener la aprobación de alguno de los integrantes del denominado «Grupo Varela», los 13 litigantes argentinos que se unieron con Singer, Brodsky y compañía al comienzo del juicio contra el país y que se encolumnaron detrás de Pablo Alberto Varela, el primer apellido que surgía de la presentación colectiva que hicieron en la causa los fondos buitre en 2008. Además de Varela, los litigantes individuales son Lila Inés Burgueño, Mirta Susana Diéguez, María Evangelina Carballo, Leandro Daniel Pomilio, Susana Aquerreta, María Elena Corral, Teresa Muñoz de Corral, Norma Elsa Lavorato, Carmen Irma Lavorato, César Rubén Vázquez, Norma Haydee Ginés y Marta Azucena y poseen bonos en default por entre 25.000 y 90.000 millones de dólares, adquiridos entre 2008 y 2001. Los datos que maneja el Gobierno de Mauricio Macri son que algunos de este listado estarían dispuestos a aceptar la oferta y podrían cruzarse de vereda. Lo importante para los negociadores locales, en el caso de que alguno cambie de equipo, es que sería el primer acreedor 100% argentino que aceptaría la propuesta oficial.
«Evidentemente la estrategia que va funcionando es la de ‘Mostaza’. Paso a paso, o más bien, uno a uno, cara a cara», afirmaba ayer una alta fuente del Gobierno sobre la marcha de las negociaciones en Nueva York, nuevamente con Caputo al mando de las reuniones (llegó el domingo a los Estados Unidos) y casi ya como un habitante más en el bufete de Pollack.
El «special master» dejó, además, claro, y por escrito, las condiciones para que la oferta argentina sea válida y definitivamente tomada en serio por él, y aún más importante, por Griesa: «El acuerdo está sujeto a la derogación de las leyes cerrojo y de pago soberano de parte del Congreso, y el levantamiento de la medida cautelar «stay» dispuesta en su momento por el juez Griesa. Es la primera vez que Pollack impone estas condiciones por escrito y anunciando la incorporación de un nuevo acreedor que acepta la oferta. Aclara el mediador que la falta de aprobación de las leyes no implica que no puedan avanzar las negociaciones con otros acreedores, como tampoco que los fondos buitre continúen presionando a Griesa para que aplique más trabas contra el país. Ayer, por caso, el juez aceptó que los escritos que Elliott, Aurelius y Olifant quieren presentar contra el país para justificar que no se le debe aplicar el «stay», se prorrogó un día más, con lo que tendrán ahora tiempo hasta el viernes. El juez resolverá esos días si abre o no su juzgado para una nueva audiencia a pedido de Elliott. Si lo hace, ésta podría ser en marzo, en tiempos en los que el magistrado espera que el Gobierno de Mauricio Macri avance en el Congreso por la derogación de las leyes que complican el acuerdo. De estos movimientos dependerá el humor que Griesa tenga en el tercer mes del año.
Fuente: ambito.com