Este mes el Gobierno enviará al Congreso el proyecto de Aborto Legal, Seguro y Gratuito. «El acceso a la salud es fundamental y el Estado debe garantizar todo el espectro de los derechos gestacionales de las mujeres», sostuvo Victoria Tesoriero, Subsecretaria de Asuntos Políticos de la Nación.
La secretaria de Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra, confirmó que “es oficial, el Presidente va a enviar el proyecto de ley en el año 2020, en el mes de noviembre, y va a ser incorporado en el temario de extraordinarias”. Durante la última semana distintas organizaciones y colectivos feministas lanzaron una campaña para exigir que se trate la ley antes de que finalice el año.
«Es una alegría enorme para todas las mujeres y personas gestantes en nuestro país, estamos expectantes al reinicio del debate. En 2018 a pesar de perder el debate parlamentario, para todas las activistas fue un logro que en todas las mesas se discuta el tema y se expliquen los argumentos del proyecto. Por esto creo que estamos en condiciones de obtener la Ley», contó Tesoriero.
Junto al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), el Ejecutivo propondrá un Plan de los mil días, que ofrece acompañamiento de la maternidad y a los primeros tres años de vida de lxs niñxs en situación de vulnerabilidad, para evitar causales económicas en la decisión de abortar.
«Creo que con los dos proyectos convencemos a un espectro mayor de gente sobre que el camino es ampliar derechos, el derecho a la salud y respetar la decisión de las mujeres».
En la actualidad existe un protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo nacional, aunque no todas las provincias lo aplican de la misma manera. Además, el protocolo sólo contempla el derecho al acceso a un aborto ante dos causales: si el embarazo fue producto de una violación, o si pone en riesgo la salud física o psicológica de la persona gestante. En ese sentido, la legislación sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo significaría la otorgación del pleno derecho a decidir sobre el propio cuerpo.
«A diferencia de otros países que avanzaron en este derecho, lo que hemos hecho las activistas ha sido preparar el terreno con la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, y las Socorristas en Red, para garantizar lo que hoy es legal y lo que plantea el proyecto», concluyó.