En las últimas semanas, distintos fallos de diversas Cámaras Federales en todo el país están reconociendo la pérdida de poder adquisitivo sufrida por los jubilados a raíz de los cambios sucesivos en las fórmulas de movilidad. En ese sentido, algunas de ellas han dictaminado retrotraer el cálculo de las fórmulas, incluso resarciendo a jubilados y jubiladas por las pérdidas de poder adquisitivo ocasionadas.
Verónica Grimaldi, presidenta del Instituto del Derecho Previsional de Bahía Blanca, aseguró que «los jubilados han sido la variable de ajuste en casi todos los gobiernos, y las leyes de movilidad jubilatoria han ido cambiando constantemente. En el pasado reciente, la fórmula aprobada en el Gobierno de Macri funcionó hasta que empezó a dar bien, cuando se dio de baja tras la declaración de emergencia durante la pandemia. Con la fórmula aprobada bajo la gestión de Alberto Fernández, los jubilados perdieron más del 50% del poder adquisitivo. Hoy el decreto de Milei reconoce que la fórmula era mala, al igual que la mayoría de las cámaras judiciales, que marcan que las jubilaciones y pensiones deben ser móviles y no pueden retrotraerse”.
«La mayoría de las cámaras judiciales reconoce la pérdida de poder adquisitivo, y entiende que las jubilaciones y pensiones deben ser móviles; no pueden retrotraerse» Verónica Grimaldi.
Según detalló la abogada, “la mayoría de los fallos mencionados dispuso la aplicación de un índice combinado entre el RIPTE y el IPC, ordenando que los jubilados durante esa época reciban un haber actualizado. Si una persona se jubiló en 2020, con la mínima y sin bono, con el fallo del caso Italiano se iría a $440.000 pesos. El juez en ese caso ordenó aplicar aumentos distintos a los que planteó la ley de movilidad, y marcó el cobro de un retroactivo, aunque no incluyó el resarcimiento por la demora. Esto genera una situación dispar: en una misma ciudad, un jubilado podría tener un fallo que actualice sus jubilaciones de determinada manera, mientras que otro que tenga su caso procesado en otra cámara con otras autoridades puede tener otro reajuste, o no tenerlo”.
Finalmente, Grimaldi advirtió que “esto está generando mayor litigiosidad. Los jubilados vienen a decir que no les alcanza su prestación y van a acercarse a preguntar qué derechos tienen. En Bahía Blanca vamos caso por caso; hoy la cámara está teniendo demora porque está fijando los criterios. Hay casos que ya llevan más de un año parados. En términos normales, se terminan los juicios en dos años aproximadamente, y la ANSES tiene 120 días para pagar”.