El Presidente de la Nación, Javier Milei, confirmó que será vetado el proyecto relacionado con el aumento de las jubilaciones que aprobó el Congreso la semana pasada. El mismo tenía por fin un incremento del 7,2% que buscaba compensar la pérdida de poder adquisitivo de las y los jubilados efectuado en enero pasado, con el empalme entre la fórmula jubilatoria anterior y la actual, aplicada por el Gobierno nacional por decreto.
Verónica Grimaldi, presidenta del Instituto del Derecho Previsional de Bahía Blanca, destacó en comunicación con Radio Urbana que «la ley sancionada por ambas cámaras tiene varios puntos a destacar. En primer lugar marca un aumento del 7,2% en las jubilaciones, que se calcula de la diferencia entre el aumento en las prestaciones de abril, que fue del 12,5%, y la inflación durante ese mismo período, que fue del 20,7%. La ley no cambiaba la fórmula de donde se calcula la suba de haberes, tomado del IPC según INDEC con dos meses de retraso. Recién ahora en septiembre se va a pagar el aumento que corresponde a julio. Todavía no queda claro si será un veto total o parcial«.
«Desconozco el impacto en el presupuesto, pero hoy tenemos una ley de administración financiera del Estado que marca que cualquier ley debe tener su correspondiente partida presupuestaria, y eso hoy no está, no la han hecho» Verónica Grimaldi.
En cuanto a la pérdida del poder adquisitivo generada por el empalme entre las dos fórmulas, la abogada detalló que «el sistema anterior estuvo vigente hasta junio, y en julio empezó a regir el nuevo decreto. Esto significó que no hubo recomposición por la inflación de enero, de ahí surge este 7,2% de diferencia para llegar al 20,6%. La controversia que generó la ley tiene que ver planteaba hacer el aumento retroactivo desde abril, por lo que debía aplicarse a todos los aumentos subsiguientes en cada mes, sumando un total de $69.000 a las jubilaciones mínimas y hasta $600.000 a las máximas».
Grimaldi destacó que otro de los puntos más problemáticos para el Gobierno nacional tenían que ver con «la ley obligaba a pagar todos los juicios previsionales de acá a seis meses, algo que hace años no sucede. Este mismo año salió una resolución diciendo que no solo no se iban a pagar los juicios sino que tampoco se reajustaban los haberes. Otro de los puntos tiene que ver con la utilización del RIPTE como otra de las variables de aumento, un índice que viene dando más que el IPC. Se agrega porque si el objetivo del Gobierno nacional es frenar la inflación, y lo logra, no habrán más aumentos de jubilaciones. El articulo disponía que si en marzo los salarios se recomponen, la mitad de la diferencia entre IPC y salarios se da de aumentos a los jubilados«.