Triple A : la fiscalía concluyó su alegato con pedidos de reparación simbólica y de penas de diez años de prisión y perpetua

La Fiscalía pidió condenas de prisión perpetua y de 10 años de cárcel para Juan Carlos Curzio, Osvaldo Pallero, Héctor Ángel Forcelli y Raúl Roberto Aceituno, imputados en la causa que juzga los homicidios cometidos por la Triple A en Bahía Blanca.Son las penas más altas para los delitos que se imputan.

 

El auxiliar fiscal Pablo Vicente Fermento requirió condenas para todos los acusados por el delito de asociación ilícita, y en un caso por la coautoría en el asesinato del estudiante David Hover “Watu” Cilleruelo. También consideró que los hechos atribuidos penalmente a los cuatro acusados y los ilícitos cometidos por la organización  criminal configuran delitos contra la humanidad y genocidio. Se le atribuyeron 24 homicidios de militantes políticos, estudiantiles, gremiales y sacerdotes cometidos entre septiembre de 1974 y diciembre de 1975. Además, en el caso de Aceituno, se le endilgó ser uno de los autores -junto a Jorge Argibay y su hijo Pablo, ambos fallecidos- del asesinato del estudiante de Ingeniería y militante David Hover “Watu” Cilleruelo, el 3 de abril de 1975. Para los tres primeros se reclamaron diez años de prisión y para Aceituno perpetua. A su vez, para todos ellos se postuló la detención inmediata en sede carcelaria, en tanto están transitando el proceso en libertad o bajo prisión domiciliaria, según el caso.

 

El petitorio incluyó que se disponga la nulidad de los cesanteos y expulsiones de docentes, no docentes y estudiantes dispuestos durante la intervención de Remus Tetu en la Universidad Nacional del Sur (UNS); el reconocimiento académico para Cilleruelo como doctor honoris causa y la señalización de espacios de circulación pública en esa institución, en la Universidad del Comahue, y en la Facultad Regional Bahía Blanca y la Delegación General Pico de la Universidad Tecnológica Nacional por los que transitó la patota.

El Ministerio Público Fiscal reparó en las decenas de alumnos expulsados y docentes y no docentes cesanteados por el interventor de la UNS Remus Tetu, veintisiete de los cuales un año más tarde serían secuestrados, sometidos a una causa judicial y puestos a disposición del Poder Ejecutivo durante la dictadura. En ese sentido, solicitó que tales resoluciones de la Universidad del Sur sean declaradas insanablemente nulas, y se encomiende a la Casa de Altos Estudios la notificación de la derogación a los interesados.

También detalló que en las dos universidades públicas de la ciudad -la UNS y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)- se introdujo armamento, se utilizaron sus vehículos y medios logísticos, y se utilizaron los legajos para identificar “blancos”.

Como medida de reparación, Fermentó pidió que se encomiende la colocación, en espacios de circulación pública dentro de esas Casas de Altos Estudios, de una referencia histórica sobre la puesta a disposición, en el período de tiempo investigado, de sus instalaciones y sus recursos al servicio del funcionamiento de grupos paraestatales armados; y la publicación y difusión en el ámbito universitario de la sentencia definitiva que se dicte.

No obstante, valoró la constitución de la UNS como querellante, la cesión del Aula Magna para el desarrollo de las audiencias, la transmisión del debate y sus iniciativas en materia de derechos humanos, y su rol como principal espacio para la construcción del sentido en esa región del país. Idéntica medida de señalización se solicitó en relación a la Universidad del Comahue y a la Delegación de General Pico de la UTN, hasta donde llegó el despliegue operativo de la organización criminal.

Por otra parte, el representante del Ministerio Público Fiscal expresó que “Watu” Cilleruelo “se convirtió en un símbolo por lo que fue, por lo que le hicieron y por cómo y para qué se lo hicieron”, refiriendo en este sentido al propósito de “neutralizar y aterrorizar” a la comunidad estudiantil. Además, destacó su militancia al frente de un colectivo estudiantil que “en una época de profunda oscuridad, denunciaron la política de destrucción, de privación de derechos y de muerte”, y marcó que “lo que simboliza Cilleruelo trasciende este trágico acontecimiento histórico para transformarse en una tradición que confiere identidad a una comunidad estudiantil que lo ha adoptado como hito fundante en la reactivación de la política universitaria a partir de la vuelta de la democracia, y que lo sigue haciendo incesantemente hasta nuestros días”, reconocimiento que –concluyó– debe traducirse institucionalmente: “No alcanza con recordar a David Hover Cilleruelo: es necesario significarlo y recuperarlo como sujeto negado que fue; contando únicamente esa universidad pública con la herramienta adecuada para dicho propósito: el otorgamiento del título honorífico Doctor Honoris Causa a quien fuera alumno de esa institución”.

Antes de finalizar, Fermento citó las declaraciones de una testigo ante el tribunal, hermana de la víctima Alduvino, que en síntesis manifestó: “Este juicio sana. Muchos no se animaban a denunciar por temor. Vivimos terror, angustia y dolor profundo. Pero les pido por favor, no miren a quienes tenemos 70 años. Miren a las generaciones que vienen. Que la justicia esté por encima de todas las cosas”.

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