El Tribunal aspira a darle tiempo al Poder Ejecutivo para que rectifique el rumbo en materia tarifaria. Dejaría sin tratar, por el momento, la queja oficial por la no suspensión del fallo de La Plata por el gas.
El Gobierno nacional no está recibiendo buenas señales que bajen de la Corte Suprema de Justicia en el pleito por el tarifazo. La percepción, que se incrementó en los últimos días, se acentuará con la decisión de diferir el tratamiento del último recurso de queja que intentó el Poder Ejecutivo para que la sentencia de la Cámara Federal de La Plata, que anuló los aumentos en la tarifa de gas, quede suspendida mientras se tramita la resolución final por los incrementos. Sin embargo, el apuro oficial se ve compensado con el oxígeno que le está dando la Corte -en materia de plazos- lo que le permitiría a la administración de Mauricio Macri buscar una salida política al laberinto en el que quedó inmerso por la suba de tarifas. Una jugada de adelantamiento de las audiencias públicas sería el último recurso para evitar un fallo desfavorable del caso que, pese a la ansiedad, no apunta a saltearse ninguna de las instancias formales para su resolución, lo que terminará por estirar los tiempos.
Según cuenta Ámbito Financiero, el viernes a última hora, el Gobierno presentó su queja a la decisión de la Sala II de la Cámara platense que lo dejó en el peor de los tres escenarios posibles: con el recurso extraordinario concedido pero con el tarifazo suspendido hasta la resolución final de la Corte. En el apuro por lograr revertir esa decisión en el mientras tanto radica la principal necesidad oficial, facturar con los aumentos fijados con un tope del 400%. Pero esa decisión ahora tendría que ser tomarla por la Corte si le acepta la queja, lo que podría ser leído como un anticipo de la sentencia final, ya sea que lo avale o lo desestime. El consejo de los secretarios letrados que estuvieron analizando el escrito es diferir una resolución de esa índole, lo cual es una señal en sí misma.
El ritmo que le está imprimiendo la Corte al caso es prioritario, pero contrasta con la ansiedad oficial por una solución al dilema político-judicial en el que quedó envuelto. Esta semana comenzará el proceso formal al tratamiento con el giro a la Procuración General de la Nación que preside Alejandra Gils Carbó para que emita su dictamen, paso obligatorio aunque no vinculante. Este proceso no tiene tiempos prefijados para que se responda. Sería improbable pero no imposible que los jueces supremos lo prescribiesen. Su respuesta podrá estar a mediados de agosto. La funcionaria, a pesar de estar en la mira de Cambiemos que quiere su cabeza a toda costa, sabe también que el Ejecutivo ya se quedó sin muchos elementos para su remoción. Adelantar una opinión negativa al planteo oficial la volvería un blanco móvil de las críticas oficiales. Pese a que no lo parezca, funcionarios nacionales ya entendieron que los plazos, en este caso, corren a favor de un golpe de timón.
La Corte pondrá un ojo en no dejar de avanzar a velocidad crucero con «el caso», pero mirará cómo interpreta el Gobierno la ventaja que -consideran- le están dando al Ejecutivo. El exhaustivo pedido de informes que realizó antes de la feria judicial para comenzar a analizar los pormenores del expediente en vistas a que suba el amparo tramitado en La Plata fue una muestra de ello. El resultado del compendio técnico no llegó a satisfacer todos los requerimientos que había impuesto el tribunal. De todas formas será analizado en el marco general del pleito.
Podría ocurrir que el Gobierno disponga un adelantamiento de la audiencia pública, prevista originalmente para marzo de 2017 pero adelantada a fines de octubre ante el primer gran fallo adverso. Esa decisión atraería la mirada de la Corte, ante la posibilidad de jugar -metáfora futbolística de por medio- con la ley del offside. Barajar y dar de nuevo el cuadro tarifario tras la audiencia pública que marca la ley en plazos razonables, terminaría por derivar en un caso abstracto. Es un posible escenario.
Pese a la relevancia política y económica que tiene el dilema, el caso no ofrece un compromiso para la gobernabilidad. Fue la interpretación compartida durante la última reunión de Acuerdos por los jueces. Pocos minutos después de su finalización el jueves último, comenzó la reunión de los magistrados platenses que selló la mala fortuna para el Ejecutivo.
Fuente: minutouno.com