Tras de las masivas protestas sociales y el revés judicial en la Corte Suprema, el Gobierno atenuó el aumento de las tarifas de gas para las zonas del país que no pagaban las subas de 2014 y aplicó una reducción de cerca del 16% por metro cúbico en las regiones que sí pagaban con alza, como Capital y Gran Buenos Aires. Pero no modificó el plan de fijar en dólares el precio en boca de pozo, con aumentos escalonados que se aplicarán cada seis meses hasta 2019 o 2022 en el caso de la Patagonia, La Pampa, Malargüe y Puna.
Esta estructura de precios hará que usuarios residenciales, comercios, pequeñas y medianas industrias y el GNC acaben pagando un costo del metro cúbico superior al que se paga por la importación de Bolivia y por el GNL que ingresa en barcos para su regasificación.
Ocurre que para definir el valor del metro cúbico se consideran incluso las compras al exterior de combustibles líquidos destinados a la generación eléctrica que se realizan sobre todo en invierno, cuando la oferta de gas es insuficiente debido al alza del consumo residencial.
Para evitar nuevos juicios, el Ministerio de Energía que dirige Juan José Aranguren dispuso en la resolución que fija las nuevas tarifas de gas que los nuevos valores del metro cúbico no engrosarán los ingresos de las petroleras, porque se destinarían a cubrir los gastos del Estado en la importación, es decir a bajar los subsidios.
Según la norma, las compañías productoras seguirán percibiendo el precio de u$s7,50 por el gas nuevo, pero no hay datos del valor que se les reconocerá por el «viejo», el que se extrae de yacimientos convencionales, en los cuales la inversión más importante ya está pagada y los desembolsos necesarios para seguir extrayendo son mucho menores a los que exigen las formaciones no convencionales como el shale.
Pero la norma no entra en detalles de los ingresos que percibirá el fisco y cuál será el mecanismo para que las distribuidoras paguen parte del gas al Estado por lo que se abren nuevos interrogantes.
Hay, además, en los considerandos de la norma, una fuerte defensa de asegurar precios a las empresas productoras que garanticen la inversión futura sin exigir a cambio desembolsos concretos o metas de producción.
El Ministerio de Energía se cubre también en otros aspectos. Asegura que aun cuando ya hay un sendero de precios hasta 2019, cada seis meses se determinará «el precio objetivo» del gas que puede ser inferior o superior al planificado, dependiendo de las cotizaciones internacionales y de otros factores que no se detallan.
Además, en la resolución se rechaza que se trate de una dolarización de las tarifas, y se afirma que fijar el valor del gas en dólares forma parte de la práctica habitual en el mercado de hidrocarburos así como ocurre en otros productos de la economía. También se asegura en los considerandos que en caso de «variaciones bruscas» en el tipo de cambio se tomarán las medidas necesarias para no perjudicar a los usuarios.
No obstante, lo que queda es que el valor del metro cúbico subirá cada seis meses en función de parámetros que falta definir y de la evolución del tipo de cambio. Esto se unirá a aumentos en la parte de la tarifa que corresponde a transporte y distribución que se definirán en audiencia pública a fines de noviembre, y en los cuales también habrá una fórmula de ajuste que contemple, entre otros índices, el tipo de cambio.
Fuente: minutouno.com