Senado: “Supermartes” de tarjetas, inmigrantes, motochorros y cannabis

El Senado tendrá mañana un “supermartes”: los legisladores debatirán la baja de las comisiones de las tarjetas (travesura massista para reinstalar un tema trabado que buscó solucionar hace 10 días el Gobierno, tras un acuerdo firmado con bancos y emisores de los plásticos), la batalla contra los denominados “motochorros” y los criminales extranjeros y el uso medicinal del cannabis, en una jornada en la que por la tarde se definirá en Labor Parlamentaria el temario de la sesión del 29-3, y donde el mayoritario bloque FpV-PJ debería solucionar la vacante que le corresponde renovar por el lugar que dejará la cristinista Vilma Castillo en la AGN. Veamos:

La semana pasada, la comisión de Industria del Senado, presidida por el legislador dasnevista -y aliado massista- Alfredo Luenzo, consumó una picardía al reimpulsar la baja de las comisiones de las tarjetas de débito y crédito, tras el reciente acuerdo del Gobierno con emisoras de los plásticos y bancos para la disminución gradual de los porcentajes en cuestión.

El debate que promovió el cada vez más serpenteante Sergio Massa gatilló una nueva disputa entre Diputados y los senadores, quienes votaron un texto en septiembre del año pasado y avanzaron primero con este tema. De hecho, esa iniciativa impulsaba una rebaja del 3% al 1,5% de los aranceles para transacciones con tarjetas de crédito y la eliminación total en el caso de las efectuadas con débito.

Luego, Cambiemos impulsó en Diputados un proyecto “tapón” -mucho más gradual al del Senado- para que las cámaras tengan textos cruzados y así no avanzar con el tema, que fue votado en noviembre de 2016. En tanto, el Gobierno anunció días atrás un acuerdo con las cámaras de comercios y representantes de tarjetas.

A partir de abril, el máximo que podrán cobrar los plásticos a los comercios es de 2,5% por cada operación en crédito y 1,2% en débito; que descenderá a 2,35% el próximo año y a 1,8% para 2021. Para las de débito, el arancel comenzará en 1,2% y gradualmente bajará a 0,8% para dentro de cuatro años.

A pedido del oficialismo se apurará desde mañana el análisis del proyecto avalado en Diputados el año pasado que permite el uso de aceite de cannabis para determinados tratamientos médicos. En esa cámara, el Frente para la Victoria propuso sin éxito despenalizar el autocultivo para uso medicinal. La semana pasada, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, contestó en el marco del informe que dio el miércoles pasado en el recinto de Diputados que “no está demostrado científicamente que el cannabis tenga efecto medicinal”.

Sin embargo, Peña agregó: “Es por ese motivo que en la Cámara de Diputados junto con la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones se trabajó sobre un proyecto de ley para la aprobación de un fondo de investigación para usos medicinales del cannabis. Ahora depende del Congreso que dicho proyecto se convierta en ley”.

El jefe del bloque FpV-PJ en el Senado, Miguel Pichetto, presentó una batería de proyectos -que este diario contó en su edición del 26 de enero pasado- para arrebatarle la agenda de seguridad a Mauricio Macri y al zigzagueante Massa, que en las últimas semanas sólo sumó millas. Uno de ellos establece un freno al ingreso de criminales de otros países o su eventual eyección de la Argentina. Por ejemplo, serán causas impedientes de entrada y permanencia quienes hayan “sido procesados en primera instancia, en la Argentina o en el exterior, o que tengan antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero, o inversiones en actividades ilícitas, o delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertar de tres años o más”.

También deberá abandonar el país quien sea “procesado en la Argentina por un juez de primera instancia o tenga antecedentes por haber presentado documentación material o ideológicamente falsa, para obtener para sí o para un tercero un beneficio migratorio”.

En tanto, será expulsado “el residente procesado judicialmente con procesamiento confirmado Cámara del fuero, por delito doloso que merezca pena privativa de libertad mayor de cinco años”, o aprehendido en “flagrante delito o registrase una conducta reiterante en la comisión de delitos”. Para el primer caso, y producido el procesamiento, “deberá transcurrir un plazo de 30 días para que se dicte la resolución definitiva de cancelación de residencia”.

Pichetto, el salteño Rodolfo Urtubey y el entrerriano Pedro Guastavino promueven otro texto para prohibir “la circulación de motocicletas o ciclomotores con acompañante de sexo masculino durante las 24 horas”, excepto “los vehículos pertenecientes a las fuerzas de seguridad”. La iniciativa además considera como faltas graves no sólo “la conducción sin que alguno de sus ocupantes utilice correctamente colocado y sujetado el casco reglamentario y el chaleco reflectante”, sino también si en ambos “no figura el número de dominio”.

En los argumentos, los senadores señalan que una medida similar fue aplicada con resultados positivos en Colombia (también activaron restricciones en este tema Guatemala, Perú, Honduras y Costa Rica), y que “la experiencia demuestra que la actividad delictual es realizada por hombres, especialmente jóvenes, de manera exclusiva”, y que “una medida más amplia afectaría prácticas sociales y familiares que nada tienen que ver con el delito”.

Hasta anoche, los senadores tenían previsto realizar la reunión de Labor Parlamentaria durante la tarde de mañana para definir la agenda de la sesión del miércoles (debería tratarse, al menos, la ley de emprendedores pese al temor de algunos legisladores por fondos coparticipables). En el recinto, el FpV impondrá la continuidad de Javier Fernández por otros ocho años y los radicales a Alejandro Nieva, y quedará disponible el lugar de Castillo.

Para esa butaca se postularon tres senadoras nacionales que finalizan el mandato en 2017: la bonaerense María Laura Leguizamón, la sanjuanina Marina Riofrío y la formoseña Graciela de la Rosa. “Estos cargos duran ocho años y es fundamental ver quién tiene terminal. Es decir, ¿a quién vamos a llamar cuando la auditora tenga que responder el teléfono? Hay candidatas que se cortaron e hicieron su juego propio cuando las necesitamos en el Congreso, y eso no se olvida”, disparó la semana pasada un operador premium del PJ a Ámbito Financiero.

Bajo esa lógica, De la Rosa cuenta con mayores chances gracias al respaldo del gobernador Gildo Insfrán, algo que deberá confirmar el bloque cuando se reúna después de Labor Parlamentaria.

Fuente: ambito.com

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