Se complica el tratamiento de la reforma judicial

El avance de la reforma judicial, anunciado por el Presidente como una de las políticas centrales de su gobierno, atraviesa complicaciones y demoras en el Congreso.

Pasado mañana se tratan en la Cámara de Diputados dos proyectos del Ministerio de Seguridad, los primeros del paquete de la reforma. Pero están trabados los cambios en la ley orgánica del Ministerio Público, considerada prioridad por la Casa Rosada, y se postergó sin fecha el tratamiento de la figura del arrepentido. En el Senado todavía no tuvo dictamen ninguna de las tres iniciativas enviadas en marzo por el Poder Ejecutivo.

Más allá del desenlace de la discusión legislativa, atada en buena medida al vínculo de la Casa Rosada con los gobernadores, hoy las críticas de la oposición van de lo general a lo particular. Los bloques opositores, incluso los que se muestran dispuestos a acompañar el proceso, coinciden en que las propuestas presentadas no constituyen una reforma integral del sistema judicial, que no existe una articulación adecuada entre los proyectos y que el Poder Ejecutivo pretende con alguna de las iniciativas intervenir en la disputa de poder que se da en los tribunales.

En el Gobierno destacan los avances, atribuyen las demoras a la cargada agenda parlamentaria y explican que el plan Justicia 2020 es una reforma integral que apunta a modernizar el sistema judicial. Los progresos legislativos, dicen, se van a ir dando por partes, como un rompecabezas. “Primero mandamos los proyectos que consideramos más urgentes. El resto está atravesando el proceso participativo que implica el plan Justicia 2020. Los cambios en el nuevo Código Procesal Penal, por ejemplo, están en esa etapa”, dijo a LA NACION el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Martín Casares.

La oposición por ahora ve más sombras que luces. “Es un poco pretencioso llamarlo reforma judicial. Falta conexión entre los proyectos. Los que se trabajan en Seguridad están descolgados de los que presentó Justicia”, evaluó el diputado Raúl Pérez, referente del Frente Renovador en temas judiciales. “No es una reforma judicial”, coincidió la kirchnerista Diana Conti, y agregó: “Quieren licuar el poder de Comodoro Py, cortarle la cabeza a Gils Carbó [Alejandra, la procuradora general de la Nación] y dominar la Justicia”.

Para el diputado Pablo Kosiner, del Bloque Justicialista, el “principal defecto es que se proponen reformas para aplicar a un Código Procesal viejo, en lugar de avanzar con los cambios que hagan falta en la aplicación del nuevo código, cuya implementación suspendió el Presidente”. Margarita Stolbizer, jefa del interbloque del FAP, opinó que los proyectos presentados “no contribuyen a avanzar en la solución de los problemas estructurales del sistema: la lentitud, la ineficacia y la baja transparencia”.

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De los proyectos que se debatirán pasado mañana en la Cámara baja, el que genera mayor consenso es el de flagrancia: propone un procedimiento acelerado para los casos en que los acusados son descubiertos in fraganti en delitos cuya pena no supere los 15 años. El segundo proyecto, de técnicas especiales de investigación, consistía, en su redacción original, en la regulación de las figuras del arrepentido, el agente encubierto, el agente revelador, el informante y la entrega vigilada. Durante el debate en comisión se extirpó del texto la figura del arrepentido, ante las quejas de la oposición porque no contemplaba su aplicación en los casos de corrupción. La explicación del oficialismo es que se regulará el tema en un proyecto específico que prepara la Oficina Anticorrupción.

Pero los cuestionamientos más fuertes apuntan contra la reforma orgánica de la ley del Ministerio Público, que propone acotar el poder del procurador, poner un término a su mandato (hoy vitalicio) y simplificar el proceso para su destitución. “El diseño de la ley no tiene que ver con mejorar el servicio de justicia, sino con la pelea con Gils Carbó”, analizó Kosiner. “Se vuelve a plantear la reforma como una disputa de poder”, dijo Stolbizer. El Bloque Justicialista, el FAP y el Frente Renovador coinciden, de todos modos, en que sería conveniente ponerle un plazo al mandato del procurador.

En el Ministerio de Justicia confían en que las diferencias se irán acortando y apuestan para agilizar la justicia penal al avance de dos proyectos que están en el Senado: uno para unificar los fueros correccional y de instrucción, y otro para fortalecer los tribunales orales federales.

Fuente: La Nación

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