El Gobierno Bonaerense quiere deportar a los presos extranjeros que hayan cumplido la mitad de su condena, bajo el objetivo de «mejorar la gestión de recursos y aliviar la superpoblación en las cárceles bonaerenses». Hablamos con Roberto Cipriano, secretario de la comisión Provincial por la Memoria: «No es sencillo, hay que ver la condición de esos inmigrantes, hay que ver si tienen la ciudadanía, la residencia, hay múltiples variables. Este Gobierno ha ido mucho más lejos al transformar el paradigma de la resocialización a través de la reforma de la ley de ejecución penal por un paradigma de la seguridad social, mediante la que se entiende que a cuanto más tiempo de pena, más segura está la sociedad, esto genera un gran impacto dentro del sistema».