La pauta oficial es el mecanismo de comunicación que adoptan los Estados para difundir información pública y garantizar el acceso igualitario a la misma. Actualmente sabemos que las partidas destinadas a la inversión en pauta registran grandes montos y no hay normativa que regule cómo distribuirlos. Al mismo tiempo, la falta de instrumentos con criterios de repartición claros genera inversiones discrecionales y relaciones entre los gobiernos y los sistemas de medios basadas en el “premio-castigo”.
Bajo esta premisa se envuelve la iniciativa del conjunto de 300 medios y sindicatos de todo el país que se presentaron frente al Congreso para discutir un modelo de regulación de pauta publicitaria. El Presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), Pablo Antonini, expresó: “No es un reclamo sectorial es un reclamo que importa al conjunto de la sociedad que se informa y construye su opinión sobre la realidad que la rodea en función de los medios a los que tienen acceso. Si hay un reparto de pauta concentrada es más probable que esos medios sean pocos y siguiendo una agenda única que es la de los grupos económicos a los que pertenecen, si hay un reparto más democrático vamos a tener más voces, más opciones y una mejor democracia por lo tanto”.
El proyecto fue presentado por FARCO, la Federación de Diarios y Comunicadores Cooperativos (FADICCRA), la Coordinadora de tv alternativa (CONTA), la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina (AReCIA), la Federación Argentina de Trabajadores de prensa, organizaciones de Derechos Humanos, universidades y espacios gremiales, lo cual da cuenta de “un consenso muy amplio” sobre la regulación de pauta.
Antonini explicó que el proyecto presentado propone la necesidad de establecer pisos en cuanto a garantizar una distribución federal dado que, según datos de la Secretaría de Medios, hoy el 76% de la pauta nacional se destina a medios de CABA que se autodenominan nacionales y tienen su sede y buena parte de su agenda en la ciudad. El establecimiento de pisos también está pensado en cuanto a la consideración de los medios cooperativos y comunitarios al momento de la distribución. Al mismo tiempo se plantea la definición de techos en función a la cantidad de dinero que puede quedar en manos de un mismo grupo económico, sucede que hoy hay grupos concentrados que se llevan el 20% de la torta, es decir, uno de cada cinco pesos invertidos.
¿Cómo se distribuye la pauta en Bahía?
Nuestra ciudad no escapa a las dinámicas discrecionales que se desarrollan en todo el país y a partir de los datos publicados en Gobierno Abierto se distinguen dos elementos que nos ayudan a comprender cómo funcionan.
El primer indicador es la sobrejecución presupuestaria, una tendencia en la gestión de compras en publicidad del municipio y sobre todo de la administración de Héctor Gay que, año a año, gasta más de lo que la partida del presupuesto votado en el Concejo Deliberante determina. Por citar un ejemplo, en 2020 la partida presupuestada fijaba un gasto de casi 46 millones de pesos, sin embargo, se gastaron poco más de 82 millones de pesos, es decir, un porcentaje de sobrejecución de casi un 80%, similar al de años anteriores.
La partida presupuestada para compras en publicidad en 2021 fijó un gasto de $83.669.876 y en lo que va del primer cuatrimestre ya se gastaron aproximadamente 47 millones de pesos, es decir que ya se ejecutó poco más de la mitad del presupuesto. El dato es que, de un año a otro, se sigue presupuestando por debajo del promedio del gasto y prevalece la tendencia a la sobrejecución.
Otro de los indicadores es la distribución por proveedores con tendencia a la concentración. La lista de quienes perciben pauta oficial municipal de este año está integrada por 89 proveedores, y tan sólo entre diez de ellos se repartió el 68% que equivale a casi 32 millones de pesos.
La mayor cantidad de la torta se la llevan los dos medios pertenecientes al Grupo Elías: La Nueva Provincia y LU2 encabezan la lista con una recepción de casi 15 millones de pesos que representa una porción del 31%.
Al margen de la inversión destinada a los diez principales, hay poco más de 15 millones repartidos entre los 79 proveedores restantes. Esto quiere decir que, la misma cifra destinada a La Nueva y LU2 (dos medios pertenecientes a la misma estructura de propiedad), se divide en 79 medios y/o personas, generando una brecha es bastante amplia entre los diferentes proveedores, lo cual también es una tendencia de la gestión de Héctor Gay.
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Desigualdad de género en el otorgamiento de pauta oficial
Se reconoce un sesgo de género en el reparto de la torta. Si procesamos la lista de proveedores de pauta oficial municipal de 2021 encontramos 50 razones sociales de personas individuales vinculadas al sistema de medios. De ese total de proveedores individuales 38 son varones y 12 son mujeres. Las mujeres representan el 13% de la lista completa. La lista del año pasado contiene 85 proveedores de los cuales 45 son razones sociales individuales. De ese total 35 son varones y 10 son mujeres, es decir que la proporción femenina en ese listado es de casi un 12%.
Esta proporción profundamente baja está directamente ligada con la ocupación de mujeres en cargos jerárquicos dentro de los medios de comunicación locales. Según la encuesta realizada en 2019 por la Red de Comunicadoras de Bahía Blanca, sólo cuatro mujeres ocupan cargos de jefa o directora y de ellas solamente una indicó que tiene injerencia en los contenidos periodísticos. Este mismo estudio concluye también que los medios privados que perciben la mayor cantidad de dinero en materia de pauta oficial son aquellos en los que más se expresan las violencias y desigualdades de género.
En un intento por disimular los criterios patriarcales en el otorgamiento de pauta oficial, el Municipio presentó en septiembre del año pasado un proyecto de ordenanza para “la incorporación de temáticas con perspectiva de género” en los medios. El proyecto obligaba a que los medios proveedores de pauta publiquen seis campañas sobre género realizadas por el municipio, aborden temáticas con perspectiva de género y difundan normativa e información de asistencia a víctimas. Un instrumento normativo que quedaba acotado a la producción mínima de contenidos con perspectiva de género sin criterios muy claros de lo que esa propia producción implicara y sin menciones sobre el lugar de las mujeres y disidencias en la conformación de los medios y/o la estructura de propiedad del sistema de medios.
Criterios de reparto
Como planteamos al inicio,en el reparto de la pauta oficial local, hay una dinámica de discrecionalidad que se produce por la falta de esquemas de distribución claros y la permanente utilización del criterio de audiencias. Por lo menos desde 2016 el Concejo Deliberante vota la partida de Publicidad y Propaganda en función de un estudio de audiencias realizado por el Departamento de Economía de la UNS. El estudio parece estar hecho sobre una muestra representativa y compuesto por variables válidas que lo sostienen. Sin embargo, es necesario corroborar cuánto se sostienen o cuán obsoletos son al día de hoy los resultados arrojados por un estudio hecho en 2016. Se está votando una partida presupuestaria sobre los mismos números hace, al menos, cuatro años sin tener en cuenta la emergencia de nuevas dinámicas de consumos mediáticos en la ciudad ni la composición del mapa de medios.
Expediente con el estudio de audiencias
El Secretario Privado municipal, Pablo Romera, ha reafirmado la visión de la gestión sobre la distribución de la pauta que tiene como principal objetivo “llegar a la mayor cantidad de gente posible”. Nuevamente se apela al criterio de audiencias en función de intereses particulares, sin embargo, la visión resulta errónea desde otras perspectivas. Teniendo en cuenta que la inversión deviene de dinero público los esquemas de distribución no pueden, sencillamente, estar pensados como si fuese una entidad privada la que reparte los montos. Usar esta lógica, además, es desconocer la razón de ser de las pautas oficiales, esto es garantizar la pluralidad de voces en lugar de la concentración de la información en pocas manos.
En ese sentido, al desconocimiento de las nuevas dinámicas de consumos y la composición del mapa de medios se acopla la falta de un relevamiento preciso sobre los valores de la pauta publicitaria privada que facilite la comparación con los montos que pauta el municipio. Esta comparación permitiría saber si el estado local pauta a valores inferiores o superiores del mercado más allá del criterio aplicado para la inversión.
Una demanda en agenda
El Presidente de FARCO, Pablo Antonini, retoma sobre los esquemas de distribución: “Planteamos la necesidad de adoptar criterios que tienen que ver con audiencias, para lo cual también tenemos que discutir herramientas de medición, criterios que tengan que ver con la producción de contenidos locales, la cantidad de trabajo que generan los medios y la paridad de género en los equipos”.
“Regular PO de esta manera implicaría un avance en la democratización de la comunicación y es hora de que se regule. Entendemos que es necesario que suceda no solo a nivel nacional, también a niveles provinciales y municipales. Mientras esto persista, van a seguir existiendo los problemas que tenemos en materia de concentración de la comunicación y falta de pluralidad de voces, o al menos de voces al mismo volumen”, concluyó Antonini.
Queda expuesta la necesidad a nivel local de adoptar un esquema de distribución propio que se ajuste a las características del sistema de medios de nuestra ciudad. Un esquema que no incluya variables que ahogan a los medios chicos y compran voluntades de los mas grandes.