La reforma laboral ha ingresado en un impasse como resultado del costo político que ha tenido que pagar el gobierno a la hora de aprobar en diciembre la reforma previsional.
Luego de las masivas movilizaciones y la posterior implosión de la CGT como mecanismo de contención, el gobierno se ha visto obligado a modificar su hoja de ruta que incluía el intento de aprobar la polémica reforma en sesiones extraordinarias.
Los mismos dirigentes de la CGT que habían dado su aval a un texto modificado, ante el evidente rechazo popular, modificaron su postura y señalaron que no existía el consenso necesario. Por eso, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunció la intención de desdoblar el proyecto en leyes particulares para avanzar en su aplicación.
En rigor, el desdoblamiento es una estrategia que ya está en marcha toda vez que gran parte del capítulo del blanqueo laboral, especialmente la reducción de multas y sanciones a las empresas que emplean trabajo sin registrar, forma parte del mega DNU firmado por el Ejecutivo. Fuentes del ministerio, reconocieron a Tiempo que «la reforma laboral ya comenzó con el decreto y la reforma fiscal».
Otro de los capítulos que ya se ha formalizado es el que apunta contra las organizaciones con simple inscripción y apuntala el poderío de la CGT que fue extirpado del proyecto original y publicado en diciembre como resolución ministerial.
Ahora, con el aval explícito de Héctor Daer, uno de los integrantes del triunvirato que formalmente aún conduce la CGT, el gobierno está reelaborando una serie de proyectos de ley que, según pudo saber Tiempo, arrancarían por completar los capítulos del blanqueo laboral que, a pesar de los beneficios que implican para las patronales, cuenta desde el vamos con el aval de la conducción de la CGT.
Con todo, según confiaron desde el ministerio, se podría abordar a través de un tratamiento parcial del proyecto de ley ya presentado. De hecho, él mismo es una amalgama de ocho proyectos previos. Según las mismas fuentes, arrancarán por las Agencia de Formación (pasantías) y la Agencia de Evaluación de Tecnologías Médicas que conllevaría la concentración de las Obras Sociales que, en rigor, ya comenzó. La intención es dar de baja las 200 más pequeñas en favor de las 100 más poderosas.
Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de 2017, se trataría de una transferencia anual equivalente a $ 16.812 millones.
Si bien desde la cartera laboral aseguraron que el Fondo de Cese Laboral bajo el formato de una ley «no va a ser en una primera etapa», sí se podrían establecer «a través de acuerdos entre las partes que, para darle un marco jurídico, se traduzcan en leyes particulares».
Se trata de un seguro indemnizatorio inspirado en el régimen que existe en el sector de la Construcción y que, en ese caso, consiste en un aporte que hacen las empresas equivalente al 12% del salario básico que es retirado por el trabajador cuando la empresa decide discontinuar la relación laboral. Mientras esto no ocurra el dinero es recepcionado por un instituto mixto creado a tal efecto que, según el proyecto de ley original, podría capitalizar ese dinero como si se tratara de una AFJP. En el caso de la UOCRA el acuerdo incluye una cláusula que destina el 2,5% de los fondos para el financiamiento del propio instituto.
El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción (SITRAIC) estima que los trabajadores perciben el 40% de la indemnización que correspondería por Ley de Contratos de Trabajo. Según datos sectoriales del SIPA, es posible estimar que el Instituto que gestiona la UOCRA junto con las constructoras administra una suma anual de $ 4787 millones y percibe $ 120 millones para su funcionamiento.
En caso de que los términos de los posibles acuerdos parciales se inspiren en el vigente en la Construcción y, estimando de manera conservadora, que el salario básico de los trabajadores equivale, al igual que en ese sector, a un 40% del salario bruto (podría ser más del 70%), de la misma fuente surge que, en potencia, existe la posibilidad de poner a disposición de la creación de esos institutos $ 120 mil millones de los cuales $ 3000 millones serían destinados a su funcionamiento.
Dos cajas que podrían cautivar a varios sindicatos para ir avanzando en la letra chica de la reforma laboral. «
Fuente: tiempoar.com.ar