Los antecedentes del plan de participación público-privada en Argentina establecen un marco jurídico de absoluta protección al capital extranjero, hasta con ingresos mínimos garantizados.
A mediados de noviembre pasado, el Gobierno nacional publicó un documento con el detalle de las obras del plan de inversión en infraestructura vial que se implementarían a través del Programa de Participación Público-Privada (PPP). Allí se prevé que casi toda la porción de vialidad nacional que funciona bajo el sistema de concesión pase al esquema de participación público privada. El Ejecutivo defiende el sistema de PPP porque argumenta que “incentiva al contratista a finalizar las obras con mayor calidad y en menor tiempo”. Desde la oposición critican que las empresas pueden dirimir juicios en tribunales internacionales al tiempo que las exime de cumplir con gran parte del marco regulatorio vigente. Un informe de David Hall, director fundador de la Unidad de Investigación Internacional de Servicios Públicos en la Universidad de Greenwich, ya por entonces criticaba el sobrecosto y el incumplimiento de plazos en este tipo de acuerdos.
Según los números oficiales, la red vial dependiente del Gobierno nacional en 2015 era de 40 mil kilómetros, que se mantenían prácticamente en las mismas cifras a fines de 2017. El propósito del gobierno es que este año comience a funcionar el sistema de PPP, a través del cual el oficialismo pretende dar fuerte impulso al plan de infraestructura vial y a atraer fuertes inversiones externas. Según sus perspectivas, se reducirá sustancialmente la porción de la red concesionada (de 25 a 4 por ciento) y los programas de participación público-privada representarán el 18 por ciento del total.
Desde Vialidad estiman que ya en febrero sea la presentación de ofertas de la primera etapa del PPP y que en abril se concrete la toma de posesión. Esta primera etapa supone obras en las rutas nacionales 3 y 226 (Mar del Plata-Olavarría y Las Flores-Coronel Dorrego) con una inversión estimada en 984 millones de dólares. Las obras en la ruta nacional 5 (Luján-Santa Rosa) ascienden a 989 millones de dólares y las rutas nacionales 7 y 33 (Luján-Mercedes y otro tramo en Mendoza), a 631 millones. También hay tareas previstas sobre las rutas 9, 11, 34, 193, A-008 y A-012 en la zona de Campana hasta Rosario por 1342 millones y en la autopista 9 Rosario-Córdoba y la ruta 33 de Rosario a Rufino por 1114 millones de dólares. Por último, están las obras en la autopista Riccheri, Av. Jorge Newbery, autopista Ezeiza-Cañuelas y las rutas 3 y 205 (de Cañuelas hasta Las Flores y Saladillo) por 975 millones de dólares.
El Ministerio de Finanzas que dirige Luis Caputo publicó un documento donde establece algunas pautas para la confección del contrato de PPP, que tendrá una extensión de quince años, con un plazo previsto para la finalización de las obras de cuatro a cinco años. Caputo detalla que los títulos de repago de los fondos invertidos por el privado se emitirán trimestralmente en dólares contra certificado de avance de la obra mientras que los ingresos del contratista provendrán del pago de los peajes por parte de los usuarios y de la recaudación del impuesto al gasoil.
De acuerdo con un análisis publicado en el suplemento Cash de este diario en diciembre de 2016, el especialista José Luis Calvo señalaba que la Asociación Público-Privada “define un nuevo paradigma para la contratación pública en la Argentina; la apertura indiscriminada de la economía argentina a la inversión privada extranjera”. Esta intención aparece reflejada en las siguientes reformas: desregulación, dejando librados temas centrales y relevantes a la reglamentación; flexibilidad en el objetivo y tipos de sociedades que son amparadas por la ley, posibilitando incluso garantía de ingresos mínimos al sector privado; y la cesión de jurisdicción a tribunales internacionales.
Fuente: pagina12.com.ar