Hubo seis condenas a perpetuas, siete absoluciones y otras cuatro condenas de entre 4 y 18 años de prisión. Durante el juicio quedó acreditado que el Operativo Independencia, antes del golpe del 24 de marzo de 1976, fue parte del terrorismo de Estado.
Desde Tucumán
Ayer en Tucumán todo fue gris. Ni negro ni blanco. Esa era la sensación que trasmitían la mayoría de las personas que participaron durante fría y lluviosa tarde tucumana de la lectura de la sentencia de la Megacausa “Operativo Independencia”, ya que fueron condenados sólo 10 de los 17 acusados por delitos cometidos desde febrero de 1975. La decisión la tomó el Tribunal Oral Federal de Tucumán, presidido por Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Reynaga (quién voto en disidencia en tres casos). No solo las agrupaciones políticas y sociales mostraron su descontento, sino también los abogados querellantes y los fiscales. Sin embargo, valoraban que quedó acreditado que durante el Operativo Independencia, antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, hubo terrorismo de estado, es decir un plan sistemático de exterminio de la población y que, en esa línea, las condenas fueron por crímenes de lesa humanidad.
Pasadas las 15 comenzó la lectura de la sentencia con la sala colmada de familiares de desaparecidos, periodistas y fotógrafos. También había familiares de los imputados, cada uno tenía una bandera argentina de plástico y una estampita de la virgen María.
En los anteriores juicios se leían en primer lugar a los condenados y después a los absueltos, pero esta vez fue distinto. Hubo seis condenas a perpetuas, siete absoluciones y otras cuatro condenas de entre 4 y 18 años de prisión (ver aparte). Ayer, la lectura se fue alternando y “calzando” entre condenados a prisión perpetua algunos absueltos, como para que el impacto sea menor al escuchar la decisión judicial. Se dejó para el último lugar la absolución de Omar Edgardo Parada, quien estaba acusado de 49 casos de violación de domicilio, 3 casos de robo doblemente agravado por el uso de arma y por haber sido cometido en banda y en poblado, 191 casos de privación ilegítima de la libertad con apremios y/o vejaciones, 178 casos de aplicación agravada de torturas, 15 casos de delitos sexuales y 51 casos de homicidios triplemente agravados.
La decisión de los jueces no sólo sorprendió a los fiscales Pablo Camuña, Julia Vitar y Agustín Chit, sino también a los propios represores, quienes entre ellos cruzaban miradas sin entender por qué un superior militar había siendo liberado, mientras que otros como, un policía local fue preso.
“La sentencia tiene algunas incongruencias que a primera vista son preocupantes”. Con éstas palabras Vitar resumió la opinión del Ministerio Público Fiscal. “Por supuesto que hay disconformidad. Hay algunos que son preocupantes, como el caso de Prada ex jefe militar, él tenía responsabilidad de todos los crímenes cometidos en la localidad de Santa Lucía. Otros recibieron una pena por los mismos hechos. Nos parece muy grave en ese punto”, sentenció la letrada.
Vitar también destacó que los jueces reconocieron que se cometieron delitos de lesa humanidad durante 1975, o sea, durante un período democrático. “Las audiencias terminaron con una declaración de la existencia de delitos de lesa humanidad durante el operativo. Ello implica que el tribunal dio por acreditado la existencia de un plan sistemático contra de la población civil desde febrero de 1975. Eso es muy importante porque las víctimas habían sido relegadas durante mucho tiempo y ahora se pudo reparar”, declaró a PáginaI12.
“Habrá que esperar los fundamentos de éste fallo (se leerán recién en noviembre) y poder revertir algunas absoluciones. Hubo fallos divididos en algunos casos, pero es lo que dijeron los jueces. Sabíamos que esto podía suceder”, dijo el abogado querellante Pablo Garguilo en la puerta del TOF, tratando de encontrar una explicación para lo que consideraron una sentencia con sensación “agridulce”.
El denominado “Operativo Independencia” comenzó a desarrollarse en Tucumán en febrero de 1975. En la primera etapa estuvo a cargo del represor Adel Vilas y luego de la mano del genocida Antonio Domingo Bussi, ambos están muertos. Se profundizó el terror, sobre todo en el interior de la provincia, cuando comenzó a funcionar en la localidad de Famaillá el primer centro clandestino de detención de la Argentina en una escuela primaria.
El modus operandi consistía en secuestros, torturas, vejaciones, asesinatos y posterior ocultamiento de los cuerpos y negación oficial de estas prácticas.
La cantidad de víctimas que se pudieron incluir en megacausa ascendieron a 270 personas. Con los testimonios de los sobrevivientes y de los familiares de los desaparecidos se pudo reconstruir el plan sistemático de exterminio instaurado en Tucumán, que daría la base represiva para lo que ocurriría desde el 24 de marzo de 1976. El juicio comenzó el 5 de mayo de 2016, se realizaron 88 audiencias de debate, declararon 455 testigos y se hicieron 8 inspecciones oculares.
Desde muy temprano las inmediaciones del tribunal se encontraban custodiadas por la policía local y la Gendarmería, que se hizo cargo del operativo dentro del edificio mientras que los “azules” lo hicieron fuera de la sala. Diversas organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos se instalaron en el microcentro tucumano pasado el mediodía para escuchar lo que se esperaba hasta ese momento condenas para todos.
La secretaría de Derechos Humanos de Tucumán, a cargo de Erica Brunotto, puso a disposición de la gente que acompañó la jornada un sistema de sonido y sillas. Estuvo presente también el ministro de Desarrollo Social, Gabriel Yedlín, la legisladora peronista Silvia Rojkés, entre otros. Bajo la lluvia y con banderas de Abuelas de Plaza de Mayo estaban los dirigentes y nietos recuperados Victoria Montenegro y Horacio Pietragalla Corti, que llegaron a Tucumán para escuchar la sentencia.
Luego de que terminara la lectura, los manifestantes que se encontraban fuera de la sala demostraron su descontento con los jueces, no sólo con cánticos, sino también arrojaron huevos de las inmediaciones del TOF. Luego se organizó una movilización hasta la plaza Independencia, cerca de la sede tribunalicia. Con un megáfono se cantaba recordando a Santiago Maldonado y a tres militantes de HIJOS quienes fallecieron a principios de éste año y acompañaban todas las audiencias, Natalia Ariñez, Alejandra Würschmidt y Marianella Triunfetti.
Fuente: ambito.com