El mega proyecto que envió el Poder Ejecutivo a Diputados para habilitar, entre otras cuestiones, el pago de los juicios a jubilados y un amplio blanqueo de capitales, prevé en su artículo 85 penas de prisión y multas para aquellos que difundan información relacionada con quienes sean parte de la regularización de activos no declarados. Ese punto afecta la garantía constitucional de la libertad de prensa.
Así lo sostuvo el investigador y docente Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Información, quien analizó el proyecto y concluyó que el artículo 85 «es preocupante desde la perspectiva de la libertad de expresión y en particular de la garantía constitucional de la libertad de prensa», porque contempla penar a quienes difundan información que «podría afectar el interés público». El texto alcanza a jueces, funcionarios judiciales y representantes de la AFIP, pero también a «terceros».
Cualquiera que dé a conocer datos sobre quienes o cuánto blanquean, será pasible de ir a la cárcel.
Puntualmente, el artículo establece: «Los magistrados, funcionarios judiciales o dependientes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (…) y terceros que divulguen o reproduzcan documentación o información de cualquier modo relacionada con las declaraciones voluntarias y excepcionales reguladas por esta ley incurrirán en la pena prevista por el artículo 157 del Código Penal». Es decir, prisión de un mes a dos años por violar la confidencialidad. Además, sigue el texto, «los terceros mencionados precedentemente incurrirán, además, en una multa igual al valor de los bienes exteriorizados por aquel que hubiera realizado la declaración voluntaria y excepcional que se hubiera revelado o divulgado».
Para Becerra, «el texto repone el estilo de las leyes mordaza que han sido sistemáticamente criticadas en la Argentina por todo el arco político e incluso por funcionarios del actual elenco gubernamental» y «va a contramano de los avances logrados para despenalizar los llamados delitos de opinión en casos donde esté comprometido el interés público». Además, según el análisis que el investigador publicó en su blog, la sanción sería tan extensa que «como editores responsables» podrían ser acusados «los directivos y/o dueños del medio donde la información se difundiera y también los de los sitios, agregadores e indexadores web que sirvan de plataforma».
El tema sin dudas será parte de la discusión del proyecto mañana desde el mediodía, cuando vuelva a reunirse en la Cámara de Diputados el plenario de las comisiones de Presupuesto, presidida por el macrista Luciano Laspina, y de Previsión Social, a cargo del diputado de extracción sindical Héctor Daer.
La intención del oficialismo es firmar el dictamen de la iniciativa al cierre de esa reunión, aunque la oposición ya reclamó más tiempo para discutir un proyecto con tantas aristas y complejidades.
Fuente: Ambito.com