El Gobierno insistirá, con retoques, con una ley de Primer Empleo que incluirá jubileo de aportes y contribuciones para empleadores informales.
Empujado por los resultados del blanqueo fiscal el Gobierno lanzará a continuación un plan nacional de lucha contra el trabajo informal, que alcanza al 34% según reportes oficiales y que trepa a más de la mitad de los asalariados de acuerdo con otros informes. El programa girará en dos ejes: por un lado, un blanqueo tradicional con condonación de multas y hasta de capital acumulable por cargas y contribuciones impagas de trabajadores «exteriorizados», y por otro el relanzamiento de la ley de Primer Empleo, que llevará aparejada una rebaja de aportes patronales para alentar la contratación en blanco y la eventual formalización de asalariados no registrados.
En el Ministerio de Trabajo apuntalan los detalles de una iniciativa que demandará, al menos, dos proyectos de ley y sendos decretos de necesidad y urgencia. La formalización de trabajadores no registrados se propondrá bajo los mismos parámetros de programas previos: sin costo alguno por multas o aportes no realizados para los empleadores con menos de diez trabajadores, y por encima de ese número sin sanciones y sólo pago previo del costo relacionado con cargas y contribuciones no realizadas.
En paralelo se intentará relanzar la ley de Primer Empleo, que el año pasado quedó empantanada en la Cámara de Diputados por la oposición de legisladores peronistas. En la cartera que dirige Jorge Triaca admitieron que se harán cambios al texto para seducir a la CGT, principal obstáculo para un plan que la dirigencia sindical denunció como e flexibilización laboral.
De tener chances la nueva presentación de la normativa se creará un «Régimen de Promoción del Primer Empleo y de la Formalización del Trabajo» que tendrá alcance nacional y un tratamiento especial para las provincias que integran el Plan Belgrano, en las que se concentra el mayor porcentaje de asalariados no registrados y las formas de empleo más precarias del país. Las iniciativas están en línea con los objetivos que se trazó el nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, entre ellos la instauración de beneficios y exenciones impositivas para empleadores.
El último plan nacional de regularización laboral fue lanzado por la administración anterior y sancionado por el Congreso en mayo de 2014. Fue aprobado por unanimidad en el Senado y en Diputados sólo tuvo tres votos en contra: dos del Frente de Izquierda y el restante, de Federico Sturzenegger, el actual presidente del Banco Central. Consistió en una rebaja de cargas patronales para las empresas que tomasen nuevo personal y no despidieran a trabajadores, y la creación de un registro (Repsal) de empleadores con asalariados no inscriptos. Desde entonces el número de trabajadores informales, de acuerdo con el INDEC, se mantuvo sin cambios.
El corazón del programa de Primer Empleo es «un sistema de beneficio integrado por exenciones sobre las contribuciones patronales e incentivos para la contratación formal de trabajadores», señala un documento interno. Uno de los ítems, similar a anteriores programas, consiste en la suspensión de los beneficios impositivos a la empresa en caso de reducción en la nómina de personal durante la ejecución del programa. Como novedad, figura la posibilidad de mantener el régimen incluso con despidos, bajo la condición de que «la cantidad total de su personal dependiente en cada mes de liquidación, que no haya sido incorporado con los beneficios de la presente ley (señala el documento), sea igual o superior a la cantidad de personal considerada como nómina base, tomando en cuenta el plantel promedio del último trimestre de 2015».
Fuente: ambito.com