Tras el episodio del legislador macrista Osvaldo Mércuri y otros cuatro hechos registrados en dos días durante la semana pasada, ese tipo de delitos se convirtió en la «vedette» de las alertas de Macri y Vidal.
Osvaldo Mércuri, ex presidente de la Cámara de Diputados bonaerense y por estos días legislador de Cambiemos ante el Parlasur, sufrió la semana pasada un secuestro exprés. A un ministro del PRO que lo llamó le contó que lo consideró un episodio eventual, «al voleo», que no lo buscaron a él por político.
Mércuri, una de las figuras centrales del PJ duhaldista de los 90, relató que los secuestradores eran «profesionales» y que lo trataron bien. El parlasuriano buscó desdramatizar y quitarle espuma al hecho que lo convirtió en protagonista célebre de un delito que se convirtió en la «vedette» en los alertas políticos.
Un funcionario nacional de los que más hablan con intendentes del conurbano profundo se sorprendió cuando en esas rondas con jefes territoriales, más que la situación social, los caciques pusieron la luz roja sobre la inseguridad. Los homicidios y, en especial, los secuestros extorsivos.
«No hay estadística confiable», dicen en La Plata y explican la flojera de los números policiales. «Muchos casos no se denuncian y otros a veces son encajonados por la Policía», detallan en el Gobierno. Asumen, sí, que el tema está en «todas las conversaciones» y se han hecho más frecuentes las noticias sobre ese tipo de delitos.
El ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, le trasmitió a María Eugenia Vidal que los únicos números sólidos son los de los homicidios. Y que, en ese segmento, la cantidad de hechos registrados en lo que va del año es menor que la del mismo período de 2015, último año del Gobierno de Daniel Scioli.
«Para encarar el tema tenemos que tener un buen diagnóstico y las estadísticas no sirven. Somos los más interesados en saberlo», dicen en La Plata y mencionan que, en general, los datos estadísticos en la provincia son de baja calidad. Es, aclaran, un tema prioritario para Vidal. La gobernadora estará fuera del país hasta el domingo, cuando finaliza su gira por Estados Unidos.
Un diputado nacional de Cambiemos, que conoce la provincia porque maneja territorio, mencionó la semana pasada una cifra «oficiosa» sobre el fenómeno de los secuestros. «En lo que va del año, hubo 100 secuestros» dijo el legislador. La cifra, en el PRO, no la niegan ni la confirman con el argumento de que no hay estadística segura, pero admiten que el tema está presente y figura entre las preocupaciones de todos los niveles de Gobierno.
El registro público tiene su propia dinámica. Ayer se conocieron noticias sobre tres episodios, se detuvo a dos personas acusadas de un hecho de esas características en Capital y hubo 18 allanamientos detrás de una banda que se dedicaría a ese tipo de delitos. En Monte Grande, en un operativo ultimaron a una persona que sería un efectivo de la Policía Metropolitana.
Es el factor más inquietante del tema secuestros. Es habitual que esos delitos se vinculen con las fuerzas de seguridad. Ningún funcionario lo repetirá en público, pero se suele admitir que puede ser un recurso de «financiamiento» negro de grupos vinculados a la Policía.
Opera, además, como un mensaje de la fuerza a la política. Si la Policía está descontenta, sabe que los raptos son ese tipo de hechos que impactan en la clase media, lo que repercute en quejas contra el Gobierno. El plan de Vidal para que los jefes policiales deban presentar declaraciones juradas no cayó nada bien en la cúpula que conduce Pablo Bressi, el elegido de Ritondo para suceder a Hugo Matzkin.
Los que conocen el ADN de la Bonaerense explican que el paso de Matzkin a Bressi implicó que por primera vez, desde los años 90, quede al frente de la fuerza un «hombre de la Bonaerense» porque catalogan a Bressi como un efectivo formado en la escuela de la DEA.
En la sociología de la inseguridad, el secuestro extorsivo es el que más suele impactar en sectores medios.
En los últimos meses se detectó un cambio de configuración: muchos secuestros son exprés, pero con inteligencia previa para saber, de antemano, que está en condiciones de pagar el rescate. No son los clásicos raptos al voleo que llevaban al secuestrado a retirar dinero por los cajeros automáticos. Ahora, en general, hay una negociación con la familia y la resolución es rápida.
En La Plata trasmiten que el Gobierno sigue atento el tema y que Ritondo está firme en su cargo. Semanas atrás se habló de un sondeo, ultrarreservado e informal, a Carlos León Arslanian. Es el guión de una película repetida: a Arslanian lo fue a buscar Felipe Solá siendo gobernador para que se ponga al frente de la Policía en tiempos en que los secuestros -el caso Axel Blumberg- estaban al tope de las preocupaciones.
Antes, Solá había convocada a Juan Pablo Cafiero convencido de necesitar un ministro de Seguridad con capacidad para intervenir ante la demanda social, pero el problema era delictual. Cafiero no cayó bien: a los días de asumir, apareció un cadáver en el Parque Pereyra Iraola, rumbo a La Plata, sujetado a un árbol con una esposa policial y un disparo de una 9 milímetros, calibre reglamentario de la Policía.
Aquel hecho fue recordado a raíz del crimen de Rodrigo Espíndola, jugador de Nueva Chicago, club de Mataderos al que está ligado Ritondo.
Como en toda situación crítica, aparecen los chispazos. Uno de ellos remite a la interna comunicacional del PRO porque Ritondo tiene como colaborador a Lautaro García Batallán, quien, dicen en Casa Rosada, le acercó al publicista Ramiro Agulla para que le diseñe campañas y relatos. Se sabe que en el mundo Macri, ese rubro es exclusividad de Marcos Peña, quien tiene a Federico Suárez como delegado en el Gobierno de Vidal.
La gobernadora tiene, así y todo, un sistema propio que, dicen en La Plata, le da resultados en una estadística que, para ellos es confiable: un 67% de imagen positiva contra un 22% de negativa. Muy arriba de su promotor, Mauricio Macri.
Fuente: Minutouno