Piden imputar a Arribas: se desata guerra de espías

El fiscal Federico Delgado lo solicitó al juez después de que Elisa Carrió confirmara su denuncia. Batería de medidas que esperan a Canicoba Corral.

Gustavo Arribas, titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) no llegó a tiempo a reforzar su estrategia de defensa en la denuncia que lo vincula con presuntos pagos de coimas derivados del “Lava Jato” brasileño. Apenas la diputada aliada de Cambiemos, Elisa Carrió, cumplió con el trámite de ratificar la denuncia por averiguación de delito que había interpuesto en los tribunales federales de Comodoro Py, el fiscal Federico Delgado pidió imputarlo como sospechoso de haber realizado esa operatoria en 2013, y solicitó formalmente la apertura de una investigación penal. En ese marco, y por el escándalo de Odebrecht que salpica a 11 países de la región, disparó una batería de medidas que deberán ser refrendadas por el juez Rodolfo Canicoba Corral que hasta que finalice la feria es subrogado por su par Ariel Lijo.

Cuando la novedad de su imputación sacudió el habitual impasse durante la feria, Arribas difundió un nuevo comunicado en el que insistió en que sólo recibió un pago por parte de una cuenta en el exterior que era la “pantalla” a través de la cual Odebrecht giraba coimas según confirmó la Justicia brasileña, y con motivo de la venta de un departamento en San Pablo. “Niego rotundamente cualquier relación con un hecho de corrupción”, sostuvo, y agregó: “Reitero que no tengo ni tuve vinculación alguna con la empresa Odebrecht, con Leonardo Meirelles y/o Alberto Youssef”. Ambos son los financistas condenados por el escándalo en el país vecino en cuya “delación premiada” confirmaron la utilización de la sociedad RFY Import and Export Limited, con sede en Hong Kong para canalizar los pagos. “No es la primera vez que quieren difamarme, tal fue el falaz intento de pretender relacionarme con el conocido proceso de los Panama Papers, aduciendo una supuesta participación accionaria en una de las sociedades observada. Cuestión cuya falsedad fue demostrada pero llamativamente nunca aclarada”, se quejó Arribas, que prometió aportar a la Justicia la documentación que avala su versión y mantuvo su disposición de presentarse ante el juez. De todas formas, indicó que al momento de los pagos, entre el 25 y el 27 de septiembre de 2013, no era funcionario público ni tampoco “residente fiscal” en el país. En su intento por despegarse de la acusación por haber recibido u$s594.518 divididos en 5 pagos, el Señor 5 sólo aceptó uno por u$s70.475, como había indicado desde un principio- y adjuntó un acta de escribano en la que certificó una comunicación vía correo electrónico con el Credit Suisse en el que ratifican esta única acreditación en su cuenta 373645-5 de la sucursal Zurich. El jefe de los espías anunció que había contactado al comprador de su departamento que había pedido la reserva del caso pero que se manifestó dispuesto a responder a la Justicia argentina por la operación.

La fiscalía solicitó la declaración jurada de Arribas a la Oficina Anticorrupción. Y que se interrogue via skype ante la Justicia brasileña a Leonardo Meirelles, el cambista que habría participado de esas transferencias denunciadas, lo mismo que el acceso a las declaraciones de los 70 ejecutivos que admitieron las coimas y la de Marcelo Odebrecht, líder del gigante brasileño. Pidió que se le requiera al banco -vía exhorto- el detalle de las acreditaciones en la cuenta de Arribas. También determinar “si Gustavo Arribas tuvo y/o tiene algún vínculo con las empresas que integraron el conjunto adjudicatario de la obra” por el soterramiento del Sarmiento (que tenían a Odebrecht e Iecsa a la cabeza) y que “se realice un peritaje informático sobre la base de datos de la cuenta 373645-5 de la sucursal Zurich del Credit Suisse, a fin de determinar si alteraron sus movimientos”, lo que abrió la puerta a considerar algún tipo de maniobra de encubrimiento de las operaciones. En tribunales quedan dudas sobre la regulación cambiaria de Brasil, en la que opera una suerte de “cepo” que impide que -por ejemplo- operaciones inmobiliarias no se hagan en moneda local y se utilicen “cuevas” con acreditaciones entre cuentas en el exterior de ese país.

A la salida de tribunales, Carrió expresó que su deseo era “que se investigue si sólo había una transferencia y las otras eran falsas o inexistentes, en tanto podría tratarse de “una operación de inteligencia que involucra a sectores nacionales vinculados a inteligencias de otros países”. Además, la diputada disparó munición sobre las anteriores autoridades de inteligencia, como Franciso Larcher, y sus vinculaciones en la actual AFI, en particular con Silvia Majdalani, en tanto consideraba que en su contra había “espionaje y amedrentamiento por parte de un sector de la SIDE actual liderado por Majdalani”.Por esto fue que Delgado exigió que “se designen expertos para que auditen los equipos electrónicos que utiliza la diputada nacional Elisa Carrió a fin de establecer si fueron objeto de interceptaciones o hackeos”.

Fuente: ambito.com

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