Pese a oxígeno judicial la nueva ley de ART no esquiva zona de riesgo

RECHAZAN INTENTO DE LLEGAR A LA CORTE SUPREMA PARA CAMBIO DE FUERO
Cámara del Trabajo denegó chance de migrar amparos a fuero Contencioso Administrativo (más amigable). Ejecutivo creó nuevo registro anti-demanda.

Pese a que el Gobierno nacional había obtenido un guiño favorable desde un fuero hostil como la Justicia del Trabajo, no logró completar la jugada que le hubiera permitido eximir de riesgos la flamante modificación de la Ley de Riesgos de Trabajo. Con un Mauricio Macri de campaña, con el leit motiv de que otras jurisdicciones adhieran a la norma que apunta a conjurar la denominada “industria del juicio”, la iniciativa es medular para Cambiemos en su mensaje a los inversores. Sin embargo, una luz amarilla se encendió ante la negativa judicial de otorgarle al Poder Ejecutivo la posibilidad de ir a la Corte Suprema para que las demandas que la impugnan por inconstitucional pasen al fuero Contencioso Administrativo Federal, con mucha mejor sintonía con el Gobierno.

La disputa sorda es por capítulos y sólo ofrece pequeñas ventajas con cada paso procesal para las partes en puja. La nueva ley que agrega como paso previo a cualquier demanda judicial la intervención de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales recibió múltiples demandas, principalmente de abogados laboralistas, centradas en la Justicia del Trabajo, tribunales a los que Cambiemos les declaró la guerra asimilándolos a parte de un engranaje mafioso en perjuicio de las empresas.

Jorge Rizzo, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) y otrora aliado a un sector de los abogados PRO, fue el encargado de diseñar la estrategia por la cual se presentó a sí mismo, al CPACF y a Gente de Derecho, la agrupación que es oficialismo en el órgano de los matriculados en demandas distintas con el objetivo de obtener una medida cautelar que frene la ley de ART y que luego se declare inconstitucional su modificación.

El primer objetivo, tal como adelantó Ámbito Financiero, no se consiguió porque la medida cautelar fue rechazada en el planteo iniciado por Rizzo. Los integrantes de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo con la firma de Néstor Rodríguez Brunengo y Diana Cañal rechazaron la cuestión por considerar que si resolvían bloquear la ley, implicaría un efecto equivalente a una resolución de fondo, que la voltee por inconstitucional. Sostuvieron que no había un “caso” sobre el cual expedirse y dejaron a salvo una eventual sentencia de fondo. También eludieron cualquier intento de que se los aparte por adelantar opinión.

Pero con expedientes superpuestos, la demanda de Gente de Derecho le otorgó una ventaja a los matriculados ya que la Sala IV de ese mismo tribunal le denegó al Estado la posibilidad de ir a la Corte para asegurarse un cambio de fuero -no ya en la Justicia laboral- sino en los tribunales que se encargan de planteos contra decisiones emanadas de alguno de los poderes del Estado, como el Congreso. En el expediente por el amparo de “Asociación Civil Gente de Derecho”, los camaristas Beatriz Fontana y Héctor Guisado bloquearon el recurso extraordinario sobre la cuestión de competencia por haber sido resuelta “con fundamentos suficientes que la dejan a resguardo de la tacha de arbitrariedad”. En algo más simbólico, le impuso las “costas” al Estado, lo que la obliga a pagar honorarios y gastos del proceso por su intento de discutir algo que para los jueces ya había resuelto de manera correcta.

Por esto, la nueva ley de ART no escapa de la zona de riesgo, porque aún restan definiciones de fondo que podrían anularla, algo que puede complicar el panorama para el Gobierno en pleno intento de buscar inversores.

Ayer mismo el Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial una modificación sensible para crear un registro dentro del área de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo para que centralice toda la información sobre la litigiosidad contra la nueva ley y hasta qué abogados llevan adelante las demandas. Los letrados laboralistas anoche se pusieron en alerta ante las implicancias que observaron en el contraataque que el Ministerio de Trabajo que dirige Jorge Triaca justificó en la cantidad de planteos de inconstitucionalidad que la reforma recibió, en un capítulo más de la escalada que amenaza con profundizarse.

Fuente: ambito.com

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