Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) tanto a nivel puntaltense, bahiense y provincial, llevaron adelante una acción de amparo colectivo pidiendo una medida cautelar contra el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y el Ministerio de Defensa de la Nación. La motivación de la medida tiene que ver con las graves deficiencias en la cobertura de medicamentos y prestaciones, así como también la situación salarial de sus trabajadores.
Pablo Mendoza, secretario general de ATE Punta Alta, explicó que «después de la masiva marcha que hicimos en agosto empezamos a trabajar con el Consejo Directivo Provincial de ATE, porque no había respuesta de IOSFA ni del Ministerio de Defensa por el sistema de salud acéfalo que tienen los trabajadores de las FFAA. Allí se comenzó a trabajar para presentar ante la Justicia Federal en Bahía Blanca esta presentación. En la Provincia de Buenos Aires hay 60.000 afiliados a IOSFA, 40.000 de los cuales están en Bahía Blanca y Punta Alta. Estamos hablando de miles de familias que están corriendo un grave riesgo en cuanto a su acceso a la salud, lo que requiere una rápida definición de la Justicia».
«Hacemos hincapié en medicamentos oncológicos, insulinodependientes y de HIV, así como internaciones que no se han dado porque IOSFA no paga la prestación. Muchas de estas prestaciones traen aparejado riesgo de vida. Necesitamos de la valentía de la Justicia para poder ayudar a estas familias. Hasta 2024 la obra social funcionaba perfectamente, y en un año y medio lo quebraron por malas decisiones políticas» Pablo Mendoza.
¿Cuáles son las expectativas en este sentido? El sindicalista afirmó que «muchos trabajadores han presentado amparos individuales, a los cuales la Justicia ha sido favorable en la mayoría de los casos. Aún así, un amparo colectivo es diferente porque es una población general de varias ciudades de la Provincia. Tenemos mucha esperanza en que los jueces tendrán la valentía de equilibrar la balanza, porque ya agotamos todas las instancias gremiales y de diálogo. ATE llevó propuestas y no tuvimos ninguna respuesta, por lo que todavía no sabemos qué pasará con la salud de más de 60.000 trabajadores en la Provincia».
Finalmente, Mendoza destacó que «en la marcha de agosto contamos con el apoyo del poder político local, tanto de funcionarios, concejales, gremios compañeros y otros sindicatos que han acompañado y manifestado su postura. También llevé cartas a directores de hospitales tanto privados como públicos de la región, entendiendo que este recorte afectará al sistema de salud en su conjunto, al tener que contener una demanda cada vez mayor. Tuvimos acompañamiento, aunque quizás sea un poco menor al que deseábamos. A veces a la gente le cuesta entender que esto trasciende a lo que le pase puntualmente a un trabajador de las FFAA, y que es un problema macro que afecta al sistema de salud«.