La dirigente jujeña de la Tupac Amaru, Milagro Sala, detenida desde el pasado 16 de enero en el Penal de Mujeres de Alto Comedero fue incomunicada esta mañana, tras lo cual decidió comenzar una huelga de hambre. Sala no podrá recibir visitas, ni llamadas por los próximos 10 días.
Desde el Comité por la Libertad de Milagro Sala emitieron un comunicado en el que hicieron «directamente responsable de esta medida al Poder Ejecutivo provincial a cargo del contador Gerardo Morales» y exigieron «la inmediata suspensión del castigo que agrava las condiciones de detención de la dirigente social».
En diálogo con Infonews, Paula Álvarez Carreras, una de sus abogadas sostuvo que formalmente desconocen las razones de esta sanción. «No hemos podido acceder a la resolución. Hemos ido a la unidad penal esta mañana y no nos han notificado», señaló.
«Creemos que fue una decisión por un sumario interno, pero es arbitraria ya que sus letrados desconocemos los fundamentos y no se le permitió ningún tipo de defensa. Esta sanción debe ser revisada por un juez porque constituye un claro agravamiento de las condiciones de su detención», expresó.
Álvarez Carreras advirtió que hay «un claro hostigamiento dentro del penal hacia Milagro Sala» y contó que la dirigente muchas veces fue reprendida por salir a defender a otras presas y tratar de impedir que las llevasen a celdas de castigo. «En este sentido, nosotros ya presentamos un habeas corpus en la causa. Las celdas de castigo son inconstitucionales, al igual que la falta de agua caliente y otras condiciones inhumanas».
«La semana pasada, ya el fiscal que atiende en la causa había prohibido el ingreso al penal de la psicóloga de Milagro Sala. Ante este nuevo hecho de la incomunicación, vamos a presentar un nuevo habeas corpus y a dar intevención a la Procuración de la Violencia Institucional para que evalue las condiciones de su detención», agregó la letrada.
Por último, Álvarez Carreras responsabilizó al Gobierno provincial por la situación. «Por más que esta sea una decisión administrativa, no es más que un agravamiento de su situación de detención, de parte de jueces y fiscales que responden al poder político», concluyó.
Fuente: infonews.com