Continúa la polémica por el decreto firmado hace un mes por el Presidente Javier Milei, a través del cual se limita fuertemente el derecho constitucional a la huelga en la Argentina. Si bien fue rechazado por la Justicia a través de un recurso de amparo, tenía por fin ampliar la cantidad de actividades que pasaban a ser consideradas esenciales, donde se debe sostener un funcionamiento del 75%, mientras que también creaba el concepto de actividades «trascendentales», que deben sostener un 50% de actividad.
Mario Ackerman, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, y catedrático de derecho del trabajo, expresó que «se trata de un DNU que reprime severamente al derecho de huelga, el cual fue declarado inconstitucional por la Cámara Nacional de Operaciones del Trabajo, tras una acción de la CGT. La Cámara planteó que hasta que no se pronuncie la Corte Suprema, el mismo no se podrá aplicar efectivamente. En términos concretos, es un decreto que nunca se va a aplicar, porque la huelga es lo que quieran los trabajadores, no los empresarios; en la realidad es un medio de presión para negociar, y tiene jerarquía constitucional desde 1957. Una prohibición indirecta como ésta siempre será inconstitucional».
«Un Gobierno no está legitimado a prohibir la huelga en ciertos ámbitos si no garantiza el trabajo en otros. Por ejemplo, no puede decir que se prohíbe la huelga para los trabajadores del ámbito del agua si no se mejora el servicio de provisión del agua para la población» Mario Ackerman.
A su vez, el académico planteó que «no es esto lo que hay que hacer con el derecho del trabajo y las reglas laborales: El país necesita una reforma laboral en serio, que proteja a los trabajadores y no le complique la vida a las empresas. Este Gobierno quiso hacerla el año pasado a través de la ley Bases, la cual recibió una veintena de artículos referidos a lo laboral por parte de la Unión Cívica Radical. Termina siendo una reforma que promueve el trabajo en negro y la discriminación. Están haciendo las cosas mal, algo que queda en evidencia al notar que desde que se aprobó aumentó el desempleo y el trabajo informal».
Finalmente, Ackerman afirmó que «podemos discutir el contenido de una reforma laboral, pero no podemos discutir que el Ejecutivo lo haga unilateralmente. No puede actuar como una secta iluminada imponiendo sus normas. El Gobierno debe entender que es una minoría tanto en el Congreso como en las legislaturas provinciales, y si tenés ideas siendo minoría, debes ponerlas en la mesa y negociar. Sino, ponemos en riesgo la convivencia democrática. Hoy estamos en un limbo, porque la Corte Suprema no tiene plazos para tomar decisiones, algo que se vio claramente con la decisión de la condena a Cristina Kirchner. Los artículos de la reforma están vigentes, pero no se aplican porque la Justicia las declaró inconstitucionales hasta que la Corte se expida, y no creo que lo hagan».